Presidente del Consejo de Educación Superior (CES), desde septiembre del 2016. Doctor (PhD) en Psicología por la Universidad de Louvain; Máster en Antropología del Desarrollo, Universidad del Azuay; Sociólogo, Universidad de Cuenca.

Enrique santos: “El tecnologo debe poder pasar al tercer nivel y a una maestria”

Entrevista a Enrique Santos, presidente del Consejo de Educación Superior (CES), desde septiembre del 2016.

Primero aclara que si bien la mayoría de sus opiniones expresan el consenso de los integrantes del CES, hay algunos temas en que su postura es individual.

- Existe la percepción de que el tema del sistema universitario depende, exclusivamente, de la Senescyt, que los otros organismos como el Ceaaces y el CES están al margen de la discusión ¿A qué cree usted que se debe?

- Yo creo que es efectivamente cierta. La Constitución establece la existencia de dos consejos de Estado, uno para la regulación, que sería el CES, y otro para la acreditación, que sería el Ceaaces. Sin embargo, cuando se elabora la Ley Orgánica de Educación Superior se crea la Senescyt. Eso no está mal, pero sí tuvimos un problema, cuando a pesar de que al CES se le transfieren todas las competencias que tenía el antiguo Conesup, su patrimonio no pasó al CES, sino a un ministerio. Evidentemente eso nos ha limitado siempre, porque no hemos contado ni con los recursos ni con la presencia, que parte desde tener un edificio en el cual se pueda trabajar.

- ¿Se ha superado eso?

- Hemos tenido que construir desde cero. Sin embargo, con el paso de los años hemos ido superando estos temas. Creo que hay temas que son específicos del CES y siempre hay la confusión de cuáles son del CES y cuáles de la Senescyt. Está claro ahora que los temas de admisión, nivelación, becas y políticas públicas los maneja la Senescyt, pero ya lo que es regulación del sistema lo maneja el CES. Otro tema que se pudo haber dado es la coincidencia del presidente del CES con el de la Senescyt. Eso también generó, yo creo, una dificultad para diferenciar a ambos organismos.

(Alude a que, hasta antes de septiembre de 2016, la presidencia del CES y de la Senescyt las desempeñaba René Ramírez).

- Existe en el actual Gobierno todo un movimiento para reformar la Ley Orgánica de Educación Superior. Se han escuchado propuestas de diferentes sectores ¿Con cuáles coincide y con cuáles no?

- Hay una serie de temas que nos preocupan a todos los consejeros. Uno es el tema de la autonomía de las instituciones de educación superior. Estamos de acuerdo que no solo las universidades, sino también los institutos técnicos, tecnológicos superiores, tengan autonomía; en que la de los institutos no puede ser inmediata, sino que tiene que haber una transición, porque vienen de la educación media a la superior; en que hay procedimientos que tienen que ser adaptados a las particularidades de las universidades...

- ¿Por ejemplo?

- El sistema de contratación pública. Actualmente la mayor parte de las universidades están supeditadas a los procedimientos de la Sercop y eso genera problemas, porque la universidad muchas veces trabaja en procesos de corta duración, de investigación, que duran semanas o meses, y de contratación, establecidos por el Sercop, que demandan tiempos que no son académicos. Por otro lado, la lógica del Sercop es buscar lo más barato, no necesariamente lo de más baja calidad, pero sí lo más barato. A veces, las universidades tienen requerimientos que no van a lo más barato, sino a las especificaciones técnicas adecuadas a una carrera. En eso hay acuerdo, no digo que no debe haber un régimen de contratación pública, pero este debe ser adaptado a los requerimientos de la universidad. No debe obstruir la parte académica.

- ¿En qué otro tema?

- La permeabilidad. Esto es, si yo entro al nivel técnico o tecnológico debo tener alternativas para pasar al tercer nivel o a una maestría. No estamos todavía de acuerdo en los detalles, pero entendemos que sí, que no es posible que haya una especie de trayectoria buena para la educación superior, que es la universidad, la licenciatura, la ingeniería, la maestría o el doctorado; y una especie de hermano menor que sería la técnica tecnológica, en donde yo llego a tecnólogo y allí me quedo o me toca volver a estudiar una nueva carrera si quiero ir a la universidad. Los mecanismos los vamos a debatir, pero estamos de acuerdo en que hay que fortalecer la educación técnica y tecnológica.

- ¿Ustedes están de acuerdo con que las universidades vuelvan a dar títulos de tecnólogos?

- No. Eso pone en riesgo la vida de los institutos. Yo sé que muchos desean recuperarlo, pero debemos velar por el conjunto del sistema y el riesgo es que si las universidades vuelven a dar carreras técnicas o tecnológicas, es por tener más recursos, más capacidad instalada, esto puede terminar en la extinción paulatina de los institutos públicos. Sin embargo, es importante que esta separación, estos dos mundos -instituto y universidad- vuelvan a tener puntos de encuentro. Es necesario que el tecnólogo pueda pasar al tercer nivel de una manera más sencilla y que los tecnológicos le puedan ofertar una maestría que lo habilita a él.

- Eso podría beneficiar también a quienes ya son técnicos o tecnólogos?

- Yo creo que sí se va a llegar al acuerdo, el tema es la vía. Hay la propuesta de la Asamblea, que contempla la realización de un cuarto año, en el caso del tecnólogo, que concedería un diploma tecnológico orientado a las ciencias básicas y que le permitiría seguir una maestría. Nosotros en el CES consideramos que si se ejecuta este cuarto año para el tecnólogo, no debe ser en ciencias básicas. Entonces allí tenemos una diferencia, pero estamos de acuerdo en que tiene que haber el trance y debe haber maestrías para tecnólogos. No estamos inventado el agua tibia, esto ya existe en China, Alemania y funciona con mucho éxito.

- ¿Comparten la propuesta de las universidades particulares de tener su propio régimen de autogobierno?

- Bueno, aquí no tenemos un acuerdo dentro del CES. Hay consejeros que sostienen, y tienen argumentos, que el sistema de cogobierno debe ser similar para las universidades públicas y privadas. En mi caso personal, sostengo que las universidades particulares tienen sus peculiaridades y una de esas es que el promotor de la universidad no es el Estado, como en la pública, en donde es él quien hace el control de gastos. En el caso de las particulares, el promotor es una persona individual o un grupo particular y por lo tanto quien tiene que hacer el control son las personas que están asumiendo el riesgo de colocar dinero para hacer de este emprendimiento social lo que es una universidad o un instituto.