El posible acuerdo para concretar una salida al reclamo formal que iniciaron 746 migrantes ecuatorianos en la Fiscalía de Durán contra una empresa española que les vendió casas que no entregó o entregó, pero no en las condiciones que prometió, dependerá de la situación jurídica, financiera y técnica en el que se encuentra el programa de viviendas en la vía Durán-Boliche, en situación irregular hace seis años por problemas económicos y legales.

Una de las condiciones que la nueva empresa interesada en asumir la adjudicación ha detallado es “poner en situación de tranquilidad o de actividad, en este caso, a lo que es Promaga en el Ecuador”, según le ha dicho este miércoles a EXPRESO Jorge Rivera Zambrano, un comunicador social manabita que radica en España, un empresario vinculado al sector de los lácteos y quien volvió al país en mayo, según indica, para promover la construcción de viviendas con programas en varias partes del país, a nombre de la empresa Promociones Europa S. A. ( Eurosa ), apoyado con “un par de grupos de inversores extranjeros”.

Rivera asegura que técnicos y especialistas de su empresa analizan a profundidad las condiciones en las que se encuentra el programa, por lo que es muy pronto adelantar algún criterio. Sí dejó en claro que una de las cosas que les preocupa, es “la conmoción social que hay de más de mil personas que creyeron en este proyecto”. Alega que ha entrado en conversación con los líderes de las plataformas de perjudicados por Promaga. EXPRESO pidió una lista de las personas contactadas, pero no fue posible obtenerla. “No estoy autorizado de parte de ellos de dar sus nombres”, respondió Rivera.

Desde Cartagena (Murcia, España), Washington Esparza, quien lidera precisamente una de estas plataformas, que agrupa a 22 compradores de viviendas en el programa La Nueva Gran Ciudad, cuyo frustrado desarrollo se ubica en el kilómetro 7,5 de la vía a Durán-Boliche, le aseguró ayer a este Diario que “de momento no se ha puesto en contacto nadie con nosotros”.

Algo similar mencionó Gilda García Sánchez, quien reside en East Rutherford (Nueva Jersey, EE. UU.). “Nadie nos ha ubicado aún y sí me gustaría que se defina esto. Ya son muchos años. Tengo 38 mil dólares. Un hermano pagó 19 mil. Que nos devuelvan el dinero. Es lo que queremos, pero si deciden entregarnos una casa. Porque ambas sumas son suficiente, la aceptamos. Ya hemos perdido mucho en mantener esta queja en la justicia ecuatoriana, que no ha resuelto nada en tantos años”.

Promaga comenzó a ofertar en 2008 las casas de su proyecto en Durán. Llevó su campaña de promoción a 14 países, donde residían ecuatorianos. También las ofreció en Ecuador. Rivera anuncia que a partir de febrero estarían en capacidad de entregar casas en Andalucía, una de las etapas de esta urbanización. Siempre y cuando, las condiciones sean favorables. También mencionó que llevan cerca de tres meses en conversaciones con el empresario Manuel Gavira, para encontrar una salida a este reclamo colectivo que desde diciembre de 2016 comenzó a ser investigado por la Fiscalía de Durán, y que en abril de 2021 llegó a etapa de sorteo, y pasó a manos del juez Manuel Yuquilema.

Acerca del anuncio de Rivera, EXPRESO volvió a insistir con una entrevista -presencial o telefónica- con Sebastián Ricart, quien alega ser asesor externo, con un contrato en vigor con el accionista mayoritario de Promaga, no uno de sus representantes legales como se mencionó el martes pasado, pero hasta el cierre de esta edición no se pudo concretar.

Nuevos precios para las casas

Eurosa, la compañía que aspira a ser adjudicada para continuar con la entrega de casas vendidas en La Nueva Gran Ciudad, anuncia que si se concreta la negociación, abrirá oficinas en Madrid, Murcia, Valencia, Barcelona y Milán, para atender a los perjudicados, vía online o presencial. En esas citas acordará la entrega de tres tipos de casas, pero con nuevos costos que fluctúan entre los 49.000 y 89.000 dólares.

El largo viaje en búsqueda de más de 700 denunciantes en 15 países

El 3 de julio de 2014 le llegó a la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) la primera queja relacionada con el incumplimiento de parte de la empresa Promaga en la entrega de casas en su programa habitacional de la vía Durán-Boliche. Lo que siguió luego, se extendió a casi año y medio, y rebasó las fronteras.

Funcionarios de la Cancillería, de la Asamblea Nacional y de la DPE recogieron quejas de migrantes ecuatorianos en 14 países, las que se sumaron a otras tantas en Ecuador. Se hicieron llamados públicos en España, Italia y EE. UU. La Cancillería definió sitios donde los migrantes presentaron la documentación con los que sustentaban el reclamo.

“Un proceso muy complejo, que terminó cuando emitimos una resolución defensorial. Complejo porque la mayor parte de los perjudicados residía en España e Italia. Tuvimos que apoyarnos en la Cancillería”, dice Zaida Rovira, quien en su momento actuaba como coordinadora de la Zonal 8 de la DPE.

En una primera fase se buscó llegar a una conciliación entre Promaga y las personas que habían pagado entradas, cuotas o la totalidad de la compra de una vivienda. “Logramos generar este proceso con 16 personas. Pero la cantidad de casos era enorme y no había seguridad de que la empresa cumpla, por lo que la Defensoría desistió. No se quería generar falsas expectativas”, le contó a EXPRESO una especialista de la DPE que participó en esta parte del proceso, que se extendió hasta el 21 de septiembre de 2016, cuando la DPE envió el conjunto de las declaraciones a la Fiscalía de Durán.