Elecciones Ecuador 2025: El futuro, solo con acuerdos mínimos

La gobernabilidad entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, independiente de quién gane en las urnas, se deslumbra difícil creen cinco expertos en diversas áreas que conversaron con EXPRESO. Sin embargo, para ellos es fundamental que existan mínimos acuerdos para el desarrollo del país.

Muchos presumen que el Pleno del Legislativo estará conformado por dos grandes bancadas y minorías, lo cual complicaría la gobernabilidad, porque “sea el candidato de uno de las dos organizaciones políticas que gane, la Asamblea se va a convertir en una pieza de oposición”, cree Javier Gutiérrez, sociólogo y director de Misión Alianza Noruega en Ecuador, al menos que lleguen a un acuerdo de gobernabilidad en el que prioricen las situaciones que están atravesando las poblaciones más afectas por la violencia.

Esto, para que el país logre estabilidad y crecimiento, refiere Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. En este escenario, afirma que es menester que se lleguen a acuerdos, entre los principales bloques políticos, para establecer consensos mínimos en materia de inversión y empleo.

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Agenda social

También se debe definir agendas de trabajo en torno a lo social, a pesar de que los dos bandos tengan ideologías diferentes, refiere Florencio Delgado, antropólogo y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Esto, porque la percepción que se tiene sobre el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN) es que se orienta al sector empresarial y económico. En cambio, el bloque de la Revolución Ciudadana (RC) tiene mayor orientación hacia lo social. “La gente piensa que es lo uno o lo otro, pero hay que partir por el programa social de los gobiernos y cómo el bloque antagónico va a trabajar y qué se va a negociar”.

Pero los acuerdos que haya en la Asamblea deben ser exclusivamente de gobernabilidad, sostiene Francisco López, especialista en Procesos Constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas, es decir, que se negocien los intereses del país. Sin embargo, “el problema en Ecuador es que esos pactos nunca existen porque los intereses no son del país, sino personales”. Esto ha sido una costumbre, indica el docente, ya que no se negocia con una bancada para ofrecer sus votos por cierto proyecto de ley, sino que imponen que, por un voto se dé un hospital, las aduanas o un ministerio. “Es por esto, por lo cual no se llegan a consensos”.

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Democracia

A pesar de ello, Hernán Reyes, sociólogo, especialista en estudios culturales latinoamericanos y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, manifiesta que se debe velar también por la democracia y para ello deben analizar que no es conveniente que la misma fuerza política que esté en el Ejecutivo también presida la Asamblea Nacional. “Esto le daría un tinte poco democrático al manejo del Estado, por lo que es necesario el contrapeso, no oposición, que deben hacerse las dos funciones del Estado”.

Ante lo antes señalado, los expertos consultados exponen varios puntos, que a sus criterios son clave, para generar consensos en beneficio del país y, a su vez, permitir la gobernabilidad, sin que esto signifique impunidad, sino que, a pesar de las ideologías, la nación pueda avanzar en diferentes áreas.

¿Cuáles deberían ser los acuerdos mínimos?

1. Nombramiento de las autoridades de la Asamblea. Si una organización política gana la Presidencia de la República no recomiendan que la misma tienda política asuma la Presidencia del Legislativo; así mismo, el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) debería ser meditado cuidadosamente, más allá de que vayan las dos fuerzas políticas predominantes, ya que la democracia también implica la participación y el peso que puedan tener las minorías, lo que implicaría también que hagan un bloque para su inclusión. Por otra parte, la distribución en las comisiones legislativas y en la nominación de las titularidades de estas deberían ser justas y plural, es decir, que el bloque mayoritario no capte de todas las comisiones.
2. Respeto a normas. Consideran que es fundamental que se respete la Constitución al momento de hacer reformas legales, que los derechos consagrados en la Carta Magna no sean reducidos.
3. Independencia en la justicia. Nadie pueda ejercer ningún tipo de control sobre el sector de la justicia; este poder debe ser el más fortalecido de todos los poderes del Estado. Es decir, que los jueces sean independientes; pero esto no se suele darse, indican, porque no a todos los sujetos políticos les conviene, ya que tienen rabo de paja.
4. Cero tolerancia a la corrupción. Aunque la corrupción no es un tema que se arregle con estamentos políticos, porque este es el que está invadido de corrupción, por lo que sugieren que, a través de normativas, se fortalezca la educación; de esta forma, el sistema educativo frene la corrupción.Pero en las compras públicas también se debería luchar contra la corrupción, para ello sugieren que se realice reformas profundas en este sector, ya que existen espacio de opacidad, de poca transparencia, lo que genera que los controles y las regulaciones sean ineficaces para evitar que hayan negociados o beneficios indebidos a determinados proveedores y se creen espacios más competitivos para los proveedores del Estado.
5. Protección a los menores de edad. En el país no hay programas con un gran alcance que permita que los niños y adolescentes tengan oportunidades sanas para su recreación, actividades extracurriculares y de socialización entre sí, con la guía de los adultos, sobre todo en los sectores de extrema pobreza y de vulnerabilidad. Por lo que el acuerdo debería ir por la implementación de programas y de leyes que permitan el fomento de programas articulados entre el gobierno central, el gobierno local y el involucramiento de organizaciones sociales, fundaciones, iglesia, con el fin de proteger a los menores.
6. Atraer más inversión. En primer lugar, se requiere estabilidad tributaria. No se puede hablar de reactivación económica si las reglas del juego cambian constantemente. Es imperativo evitar aumentos, y en su lugar, eliminar tributos distorsionantes como el ISD e ICE. Esto, porque, con más inversión se genera empleo y crecimiento, lo que en el mediano plazo producirá una mayor recaudación para el Estado sin necesidad de aumentar la carga tributaria.
7. Seguridad jurídica. Se requiere un marco legal sólido, predecible y con mecanismos efectivos de protección de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, porque ningún inversionista apostará por el país si persisten los cambios abruptos en normativas o la intervención discrecional en contratos.
8. Generar seguridad. En las zonas de extrema pobreza y de vulnerabilidad, muchos microemprendedores están cerrando sus negocios, debido a que los grupos de delincuencia organizada no los dejan trabajar. Es menester que en estos sitios haya presencia de la fuerza pública para que las personas puedan desarrollarse económicamente.A su vez que se fortalezca el sistema de inteligencia de la Policía Nacional; además de que se diferencie lo que es inseguridad con lo que sean las manifestaciones sociales.
9. Marco laboral. Se deben establecer mecanismos que permitan nuevas modalidades de empleo sin comprometer los derechos fundamentales y a su vez que se promueva la formalización y el acceso de más personas al mercado laboral.
10. Seguridad social. Las reformas deberían ser realistas acordes con la realidad del país, pero sin que estas lesionen los derechos de los afiliados, tanto de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Además, el Estado debería ser responsable de la cobertura de las enfermedades catastróficas y terminales, lo que significaría que desembolsen el dinero correspondiente para el área de salud.
11. Inversión pública. Se priorice la inversión pública en zonas de pobreza extrema; en estos lugares se creen infraestructuras que permitan que erradicar y cambiar las actuales realidades.
12. Plan país. Ecuador no cuenta con un plan país, por lo que cada cuatro años este se refunda. Debido a esto, es necesario que se haga una planificación jurídica que sea intocable.

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