Ejecuciones extrajudiciales
Con la declaración formulada ante la fiscalía por Erwin Vivar, uno de los cuatro supuestamente desaparecidos por la Policía Nacional en el operativo policial del 19 de noviembre de 2003 realizado en la farmacia Fybeca, al norte de Guayaquil, y dirigido por el entonces mayor Eduardo González, en el que murieron ocho personas, en la audiencia de formulación de cargos instalada el lunes de esta semana en la Corte Nacional de Justicia y conforme lo pidiera el fiscal general Galo Chiriboga, el conjuez Iván Saquicela dictó órdenes de prisión preventiva contra 12 implicados por su supuesta participación en esos hechos, entre ellos un mayor de policía y dos suboficiales en servicio activo, así como medidas sustitutivas de prohibición de salida del país, de enajenar bienes y la obligación de presentarse cada 15 días ante las autoridades judiciales, contra el exministro de Gobierno, Felipe Mantilla, el excomandante de Policía de entonces y un general ahora retirado.
El testimonio de Erwin Vivar, quien fue localizado en Venezuela y traído al país bajo el sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General -testimonio que tendrá que rendirlo formalmente en el proceso-, según el relato hecho por el fiscal, arroja una cruda luz sobre lo ocurrido en ese operativo policial, pues involucra la ejecución extrajudicial a manos de la policía de los ocho fallecidos, además del supuestamente desaparecido Johnny Gómez Balda, esposo de Dolores Guerra, cuyas esperanzas, si quedaba alguna, de que pudiera estar con vida, se han derrumbado de una manera brutal con el testimonio de Vivar.
Desde luego, se conoce desde hace tiempo que el entonces mayor de policía Eduardo González Flores, que comandó el criminal operativo, reside en EE. UU., sin que las autoridades norteamericanas hayan respondido a los pedidos de extradición que de este y otros encausados prófugos por diversos delitos formulara, si en verdad los formuló, nuestro país. Pero el hecho de comprobarse, como aparece ahora, el cometimiento de ejecuciones extrajudiciales, delitos de lesa humanidad, obliga a que se extremen las medidas para que estos crímenes de Estado sean alguna vez realmente judicializados y sancionados.
colaboradores@granasa.com.ec
