El Complejo Judicial Norte de Guayaquil, ubicado en el sector de la Florida, no es el único que desarrolla sus actividades sobre infraestructuras calificadas como no seguras.

Un total de 69 obras del Estado y de servicio público, que están registradas en la Coordinación de Ingeniería y Proyectos del Cuerpo de Bomberos Guayaquil (CBG), desde el año 2009, carecen de certificado de inspección final. Todos están con plazo vencido para el cumplimiento de disposiciones técnicas, apuntó el arquitecto Christopher Parker, coordinador del área. Lo que significa que no cuentan con los permisos de funcionamiento y habitabilidad, igual como ocurre en edificaciones privadas. En 2018, hubo 2.479 permisos de funcionamiento negados en el CBG a edificios que no cumplen con las normas.

Entre esas infraestructuras constan los seis inmuebles que tiene el Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayaquil, como son los complejos Florida Norte, Valdivia Sur, Penal N.° 2 (Albán Borja), Corte Provincial de Justicia del Guayas y hasta la Dirección Provincial de la Judicatura. Además, dos edificios de la Fiscalía, Salud, entre otros.

Ayer, EXPRESO publicó la situación del Complejo Judicial Guayaquil Norte (Florida) que, desde su construcción en 2013, no ha logrado obtener los respectivos permisos para funcionar, al no cumplir con las vías de evacuación correctas; entre ellas, las escaleras de emergencias. Una obra que quedó inconclusa desde 2015 y que ha llevado al actual Consejo de la Judicatura a anunciar la terminación del contrato que se firmó para ejecutar ese trabajo. Pero que, a la par, ha llevado a los bomberos a colocar sellos de prevención, para advertir que no son edificios seguros.

El coronel Martín Cucalón de Ycaza, jefe del CBG, revela que incluso hay hospitales públicos como Monte Sinaí que tampoco cumplen con bomberos. Si bien tienen sistemas contra incendios, no terminan de cumplir todos los requisitos y, por ende, tampoco están habilitados. “Fue muy común en el Gobierno anterior que se construyeran muchas obras sin permisos municipales o de bomberos. Este es un tema que no solamente es en Guayaquil; es a nivel nacional”, asegura el oficial.

Pedro Crespo, director general de la Judicatura, informó que la actual administración encontró 180 contratos con una complejidad bastante fuerte, incluso del año 2010 que presidía Pablo Rodríguez y luego Gustavo Jalkh. “Hay unos contratos que están judicializados por incumplimiento de los contratistas, otros están en proceso de mediación; y otros, obviamente, están en proceso de liquidación”.

Según detalla el funcionario, hay algunos proyectos que tienen dificultad en la aprobación de los permisos municipales y en la aprobación hasta en licencias ambientales, porque así se contrató, lo que genera dificultades para, en algunos casos, dar por concluido o cerrar los contratos; y en otros, incluso hasta para la habitabilidad.

“Eso es imputable a gestiones anteriores... de 180 contratos muchos de los cuales se contrataron incluso con emergencia, sin observar procedimientos de contratación sino directamente, como se dice vulgarmente, a dedo”, resaltó Crespo.

Eso, añade el directivo, hace que esos contratos tengan grandes dificultades, porque no tuvieron planos, diseños y sus presentaciones no obedecen a una planificación como requiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Crespo considera que no se hizo bien la tramitación, además de una administración y fiscalización que se requiere cuando se suscriben este tipo de contratos, por lo que ahora están afrontando problemas heredados de hace muchos años.

Las complejidades que han observado los lleva a revisar de manera minuciosa esos documentos, algunos de los cuales están intervenidos por la Contraloría General del Estado que, según reveló, ha emitido recomendaciones e incluso determinado indicios de responsabilidad.

Mientras, el Cuerpo de Bomberos sigue insistiendo en el cumplimiento de las normas. Cucalón asegura que han informando de esa situación desde el presidente de la República hasta a los gobernadores de turno y secretarios de Gestión de Riesgo a nivel nacional, con el listado de obras sin ingresar a bomberos.

En algunos casos se hicieron los correctivos, pero en otros nada, asegura el oficial. No pueden clausurarlos porque el artículo 326 de la Constitución prohíbe paralizar un servicio público. “Ojalá el Gobierno central sea sensible con esto, debe identificar todos los edificios públicos que se construyeron en el auge económico del Gobierno anterior y terminar de cerrar los procesos legales de construcción y funcionamiento...”.

Un incierto sistema en las cárceles

Los cuatro centros de Rehabilitación Social de Guayaquil tampoco escapan a la lista de edificios públicos no seguros. Según los bomberos, la Regional 8 se construyó sin permiso de ellos ni del Municipio. Si bien, cuentan con sistemas contra incendios, este está incompleto. “Se les dijo que tenían que poner rociadores y ellos construyeron la cárcel sin eso”, dice Cucalón. De ahí, no se sabe qué tipo de sistema de evacuación esté funcionando en esos centros.