Ecuador se miente

Actos horrendos de violencia y muestras de xenofobia, cometidos en la última semana han servido para poner a dudar al país. Quizá Ecuador no es esa isla de paz que tanto se pregona. En su intervención en la Asamblea Nacional, la ministra del Interior dijo, el martes 22, que el 53 % de las muertes violentas se produjo por violencia interpersonal; el 43 % por violencia criminal.

María Paula Romo narró y mostró, igualmente, lo que ocurre en Buenos Aires, una parroquia de Imbabura, donde fueron censadas 1.893 personas y hoy trabajan allí unas 5.000 personas en una mina ilegal. En la zona hay, dijo la ministra, delincuencia organizada, explotación sexual, afectación al orden público, porte de armas, tráfico de precursores, procesamiento de oro, lavado, muertos, heridos... La policía ha decomisado 2.700 toneladas de material mineralizado y realizado 208 operativos. Pero solo en el puesto de control de Mascarilla hubo 600 incidentes violentos y 64 policías heridos; a algunos les han rociado con gasolina y perseguido para prenderles fuego. En un operativo, la policía detuvo a 24 personas y una jueza las puso en libertad. 22 son ecuatorianos. En total, en esa zona la policía ha detenido a 409 personas por minería ilegal: el 81 % están libres.

¿Qué hacer ante al asesinato de mujeres, los ataques de la delincuencia y estas mafias que quieren convertir zonas del país en territorios sin ley? María Paula Romo propuso que el esfuerzo de la Policía sea correspondido por otras instancias (la Justicia se entiende), y que no haya disonancia en el mensaje que reciben policías y ciudadanos. Paralelamente, Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia, anunció que habrá cambios en la malla curricular de escuelas y colegios donde se incluirán materias como ética, cívica y amor a la patria.

Sin embargo, la pregunta, ¿qué hacer ante la violencia?, flota en el ambiente. Cynthia Viteri respondió pidiendo, en su cuenta de Twitter, cadena perpetua para asesinos de mujeres. Algunos la han superado pidiendo inclusive implantar la pena de muerte.

En la misma semana, el miércoles 23, Janet Hinostroza entrevistó en Teleamazonas a Ricardo Camacho, subsecretario de Rehabilitación. Él contó que en las cárceles del país hay 38.400 presos y que la capacidad carcelaria es solo para 27.796. Hay un nivel de hacinamiento de 38 %. Según las cifras de la ONU por cada 1.000 habitantes debe haber 2,8 policías. Y por cada 10 presos debe haber un guía penitenciario. Es decir, el país requiere 8.000 guías y en este momento solo tiene 1.500.

En una semana el país se percató de que no es la isla de paz que falaciosamente se dice. Y que mientras se afirme aquello, la violencia no será un problema crucial para todos. No obstante, la violencia permitió a la ministra del Interior defender a la policía frente a los asambleístas, cuya única urgencia era botarla del cargo en el que lleva 5 meses...

La violencia también sirvió para hacer discursos electorales porque aquellos que piden cadena perpetua para los delincuentes olvidan que no es la duración de la pena lo que disuade: es la certeza de que sus crímenes no quedarán impunes. Y eso requiere una política institucional; no una medida.

Así, en una semana se evidenció que la sociedad no sabe lo que tiene que hacer ante la violencia, que no tiene instituciones que pauten y concierten políticas públicas y que sus políticos, para ganar votos, proponen agravar las penas sin ni siquiera entender lo que está pasando en el país. Y en las cárceles.