Aún no han definido la estrategia, pero ya saben que deben diseñar una. De aquí a final de año, Ecuador tiene que acercar posiciones con Estados Unidos para asegurar la renovación de las preferencias arancelarias. El sistema SGP caduca en diciembre y está en manos del Gobierno de Trump y del Congreso y Senado norteamericanos extender los beneficios. Lo que el país, incluyendo a las autoridades y al sector privado, puede hacer es armar una carpeta de argumentos a su favor para no perder la entrada libre de 200 productos nacionales, que suponen 700 millones de dólares anuales.

Ayer el estadounidense Frank Samolis, asesor de comercio internacional de la firma internacional de abogados Squire Patton Boggs, aportó con las primeras luces. Entre las oportunidades y desafíos que representa tener de inquilino en la Casa Blanca a un alérgico a los tratados de libre comercio como Donald Trump, Samolis, especialista en los tejes y manejes de Washington, recomendó buscar aliados en los lobbys estadounidenses que tienen lazos comerciales con empresas de Ecuador, así como en los gremios.

Por eso, se reunió en Guayaquil con empresarios y el lunes lo hizo con miembros del Gobierno, en unos encuentros organizados por la consultora de exportaciones e inversiones Corpei con el fin de adelantarse a los problemas que podría enfrentar el sector exportador si Ecuador pierde las preferencias con EE. UU. Ya EXPRESO publicó un reportaje a inicios de año en el que cifraba en 80 millones de dólares, según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), el costo de los aranceles ahora exentos. El sector ya sabe lo que es vender sin preferencias a Estados Unidos, ya que el sistema SGP, del que se benefician 129 países y 4.800 productos del mundo, se extinguió la última vez en 2013 y no fue renovado hasta un año y medio después, en julio de 2015, afortunadamente con efectos retroactivos para el exportador.

El plazo vuelve a llegar a su tramo final y esta vez el país es más consciente que nunca de la importancia de preservar el comercio con su principal socio en medio de una coyuntura económica que no permite renunciar a los 2.300 millones de dólares que recibió Ecuador por productos exportados (sin petróleo) a Estados Unidos en 2016.

Además de 10 meses, falta renovar el Gobierno, tras las elecciones de este domingo, y acercar posturas con las autoridades y representantes estadounidenses, aprovechando que ambos países estrenan ejecutivos. No todo es Trump en la renovación del sistema SGP, dice Samolis -recordando que el alcance de sus decisiones comerciales sigue siendo imprevisible-, ya que la ley de renovación del sistema SGP debe pasar por el Congreso y el Senado. Sobre todo, teniendo en cuenta que uno de los hombres más cercanos al presidente norteamericano ya advirtió, ante el requerimiento de un senador, que antes de renovarse las preferencias se revisarían -para hacerlas más estrictas- las condiciones de eligibilidad de los países. Es decir, antes de renovarse, examinarán si hay que retirar el beneficio a alguno de los productos o de los países. La diplomacia, la unión entre sectores público y privado, y una estrategia que se espera que tome forma a partir de junio son la clave para que Ecuador no esté entre los sacrificados.