El asambleísta Salvador Quishpe habla sobre los avances de la futura reforma que tendrá    el Código de Trabajo. Señala que se han acogido propuestas de los sectores sindicales, pero admite que hace falta reforzar la participación de la academia y el sector empleador, sobre todo para impulsar la contratación.

- El tema de la ampliación del tiempo de vacaciones de 15 a 30 días ha generado gran debate ciudadano, pero esto podría verse como una propuesta populista. ¿Es esta una urgencia en materia laboral?

- No es un asunto de congraciarse con nadie y menos un tema populista. Está en debate y construcción si es que el trabajador del sector privado recibe 30 días de vacaciones, por una sencilla razón. La Constitución dice que todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. De ahí partimos. ¿Por qué los trabajadores del sector público desde hace rato tienen vacaciones de 30 días y los otros ecuatorianos, por trabajar en el sector privado, solo tienen 15? Los derechos no son regresivos. No podemos a los servidores públicos restarles 15 días. Entonces nos toca pensar cómo hacemos para cumplir con ese mandato constitucional de igualdad.

- ¿Pero qué pasa con los empleadores, sobre todo los de micro y pequeñas empresas, que no están en capacidad de quedarse sin trabajador un mes?

- Hemos dejado abierta la posibilidad de discutir un poco más porque también es verdad que en el mundo privado no todos son iguales. Hay empresas que tienen cientos de trabajadores. Estas, probablemente, podrán hacer una planificación para atender este asueto y no sentirán mucho, a diferencia del panadero de la tienda de la esquina que es más difícil. Si tiene un trabajador y se va de vacaciones un mes claro que es un verdadero problema para ese emprendedor.

- Eso porque no tiene las facilidades para contratar un reemplazo y en la propuesta de reforma no hay mayores cambios en los contratos, incluso se mantienen los recargos del 35 %. ¿Por qué no se aprovechó la oportunidad para también hacer las reformas que el sector empleador requería para aumentar la empleabilidad formal?

- Eso está en construcción. Tenemos tiempo para poder seguir fortaleciendo los textos del informe para el segundo debate de esta reforma. Yo no estoy en desacuerdo que haya esa posibilidad. Estamos conscientes de que, tanto los empleadores necesitan un personal a tiempo parcial, por horas, etc. Y también es una necesidad del trabajador, por ejemplo, alguien que tiene labores en casa pero quiere laborar de forma parcial.

- ¿Qué pasará con el 70 % de personas que está en el subempleo o desempleo? ¿Qué incentivos habrá en ese sentido?

- Como digo, estamos construyendo la reforma. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de ponerse de acuerdo con el empleador y el trabajador para la toma de decisiones. Para ello, necesitamos ir homologando con los tratados internacionales para plasmarlos en el Código de Trabajo. Ahí tenemos los derechos de la mujer trabajadora como la maternidad, el tiempo de lactancia, permisos y otros. Si bien es cierto, es un derecho que está allí, no se puede evadir, pero también es importante el acuerdo con el empleador en tema de horarios y demás.    Esto debe quedar abierto y no ser una imposición, porque es verdad, necesitamos también escucharle al empleador.

- ¿El incremento de beneficios qué garantías de contratación da en un escenario, donde las empresas hacen todo lo contrario: dejan de enrolar a sus trabajadores, no los afilian a la Seguridad Social, les pagan bajo factura y otros actos de informalidad?

- Estamos siendo muy empáticos en que el Estado debe fortalecerse. Se debe impulsar la inversión ante los organismos que tienen la obligación de vigilar el cumplimiento de los derechos. Si no, a veces tenemos una bonita ley que se queda en un mero enunciado y no se cumple. Tenemos un Ministerio de Trabajo que no tiene suficiente personal ni inspectores, que estén vigilando el cumplimiento de esto. Entonces no tiene un mayor sentido solo tener una ley.

- ¿Y por qué esto no está en la reforma?

- Vamos a incluir dentro del nuevo Código. Sí se está pidiendo mayor inversión en el sector público, a fin de que se doten de una mayor cantidad de inspectores y ayuden a cumplir estos derechos.

- ¿No cabe primero reforzar estos controles para garantizar lo que ya se tiene?

- Ese es el propósito. Si es que aún no están esos temas, se los debe incluir. Si no hay la liquidación oportuna, hay que poner plazos. Habrá que ser claros en qué pasa si no se cumple, cuáles serán las sanciones. Porque el problema es que estamos acostumbrados a que pase lo que  pase porque no hay la sanción adecuada ni oportuna. Entonces todo eso debemos ir plasmando en la ley.