Si el día de mañana, un estado de calamidad nacional obligara a entidades públicas y privadas a retirar el dinero que, por obligación, mantienen en las cuentas del Banco Central del Ecuador (BCE), la reserva internacional no alcanzaría para cubrir cualquier faltante. Aunque ese fondo cerró el 2020 con $ 7.196 millones, el mayor nivel alcanzado en los últimos 20 años, hoy se muestra insuficiente ante un nivel de depósitos monetarios que ha ido creciendo a mayor ritmo hasta alcanzar los 13.854 millones de dólares en diciembre pasado.

Lo anterior significa que las cuentas del BCE enfrentan un abultado descalce o déficit de  $ 6.658 millones, muy por encima de los $ 454 millones que apenas se registraban en el 2008. “Cuando se hable de reserva internacional, uno no tiene que hablar de cuánto es la reserva, sino de cuánto cubre respecto a los depósitos que el Central ha recibido”, recalca Marco López, miembro de la Junta de Política y Regulación Monetaria, quien con su explicación intenta desmontar la falacia de lo atractivo y estratégico que es repatriar el dinero de la reserva con la finalidad de inyectar recursos en la economía interna, hoy golpeada por la pandemia.

En los últimos debates, el candidato presidencial Andrés Arauz continuó insistiendo en esta última propuesta. Cree que así como la banca privada intermedia y presta (a través de créditos) el dinero de terceros, el BCE puede hacer lo mismo con las reservas. Para Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), eso no debería permitirse, pues la función del banco estatal “es ser custodio de la liquidez, y por lo tanto es depositario del dinero del sistema financiero privado y del sector público, incluido el IESS”.

El riesgo es alto, recalcan los expertos, pues hay antecedentes que demuestran que no existe garantía de que los recursos (que pertenecen a los depositantes de los bancos, al IESS, a los Municipios) sean devueltos. Rememoran que todo empezó tras la Constitución aprobada en el 2008, que permitió que el banco estatal pierda su autonomía y que el Gobierno de Rafael Correa lo utilice como una gran ventana de financiamiento. Fue ahí cuando el BCE empezó a dar dinero a la banca pública y al régimen, recibiendo a cambio títulos valores incobrables.

López explica que ese gran descalce, que hoy provoca que la cobertura total sea de un 52 % y no de un 93 %, como hace 13 años, se origina además por otro tipo de emisión de dinero inorgánico. “El BCE dice: ‘Denme 80 millones de dólares de verdad y yo a cambio les voy a dar 80 millones pero en moneditas’ (que se emiten localmente), y nos reparte a todos esas monedas. Ahí de la nada ya tiene 80 millones de dólares... Hoy los bancos tienen metido un montón de ecuadólares en sus cuentas. Si los fondos del público en el BCE suman 9.000 millones y la reserva es de 6.658 millones, me faltan 2.400 millones. Ese descalce es solo con los depósitos del público. Y ese es un tema del que muy poco se habla”, explica López, quien afirma que el nivel de respaldo de la reserva internacional es un condicionante para que haya seguridad en la dolarización.

“El camino más seguro para salir de la dolarización es que esta se haga más chiquita y esta emisión inorgánica se haga cada vez más grande. Los dólares, los verdes, cada vez son más pequeños y los ecuadólares más grandes”.

De llegar al poder Arauz, su propuesta podría concretarse eliminando una parte de la ley que hoy prohíbe que el Central vuelva a prestarle al Estado. Por ello, el actual Gobierno apunta a hacer cambios al Código Monetario, relacionados a fortalecer su independencia. Tiene previsto enviar la reforma a la Asamblea a finales de este mes.

• REFORMA. UN DIRECTORIO Y UNA JUNTA

Para fines de mes está previsto que el Ejecutivo envíe a la Asamblea, con carácter urgente, la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, con el objetivo de fortalecer la autonomía del Banco Central.

En la propuesta, que se genera en el marco del programa suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se incluirá la creación de un directorio del banco estatal que actuará, de forma paralela, a una Junta de Política de Regulación y Estabilidad Financiera.

Este directorio estará conformado por cinco miembros que serán nombrados por el Gobierno, pero que deberán ser aprobados o no por la Asamblea Nacional. A diferencia de otros procesos, estos deberán cumplir ciertos requisitos, como tener experiencia en el sector financiero.

En teoría, este directorio deberá encargarse de la política monetaria para preservar la liquidez económica. No obstante, existe expectativa por las otras funciones que se le endilguen.