Tras dos años de conocerse el millonario atraco, el Isspol recibe su primer espaldarazo oficial para recuperar $ 290 millones en bonos de deuda interna, una de las operaciones más gruesas que se hicieron en un primer tramo y que vienen descompensando las cuentas del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros emitió el pasado 24 de octubre de 2022 un oficio en el que pide al DCV, el depósito de valores del Banco Central del Ecuador (BCE), hacer una corrección de registros e inscripción contable y facilitar la entrega de recursos. Esto, luego de corroborarse que el DCV “cometió errores en el proceso de compensación y liquidación” de la negociación inicial de $ 327 millones que se dio en el 2015 entre el Isspol y Nats Cumco LLC de Citibank.

Según el ente, el DCV “no realizó la confirmación de la disponibilidad de los fondos por parte de Citadel”, la casa de valores (hoy en liquidación) por donde se intermedió la operación. Por eso, Isspol no recibió el pago habiendo entregado los bonos a Nats Cumco, en una cuenta de Picaval.

Esta transferencia no solo es la más alta dentro de un paquete de $900 millones de inversiones fallidas que reclama el Isspol, sino que es también una de las más cuestionadas por cómo se dio. Renato González, director del Isspol, en entrevista con EXPRESO recordó que esta transferencia conocida como operación swap se efectuó el 30 de diciembre de 2015 en la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) “en un horario    y una fecha (fin de año) inusuales, porque fue muy cercana a que se cierren las operaciones de Bolsa”.

Pero no solo eso, también alertó sobre la irresponsabilidad que habrían demostrado las exautoridades del BCE que llegaron a registrar dicha operación “de forma manual”, y también la BVG, por no aplicar un control sobre esta transferencia. Dijo que Citadel declaró cero costo en el cobro de comisión, “algo que es ilegal, según la propia Ley de Mercado de Valores”.

La actual administración de la BVG, cuando ha sido consultada sobre el tema, ha argumentado que cualquier irregularidad que se habría cometido es responsabilidad de lsa anteriores autoridades y no de la institución. Y que debe ser la Fiscalía la que investigue lo sucedido.

De aquella operación resta un remanente de $ 290 millones que por orden judicial fueron congelados en las cuentas del BCE y que ahora, con esta orden, pueden ser cobrados por el Isspol.    El oficio establece un periodo de 10 días (contados a partir de la    fecha de la notificación) para que se cumpla lo ordenado.

La transferencia real debe darse en bonos y dinero líquido, precisó ayer Marco López, superintendente de Compañías. El principal del ente de control anotó que en julio de 2021 el DCV ya    fue sancionado con $ 83.200    por estos errores y que el restablecimiento de valores debió seguir un proceso previo.

López negó que esta orden sea el resultado de la gestión que ha realizado el asambleísta Ricardo Vanegas. “Este es un proceso que se inició el 5 de mayo de este año, cuando yo asumí la Superintendencia, pero para esto debimos esperar un pronunciamiento de Procuraduría y la Junta de Regulación Financiera”.

Esto porque el Código Monetario no daba    a la Superintendencia la facultad de revertir operaciones. “Eso había antes, pero en el 2014 fue derogado y en derecho público no se puede hacer lo que no se especifica”. El nuevo reglamento, explicó, recién fue emitido el 21 de octubre pasado.

• DETALLES. 

DEUDA INTERNA. Se trata de una de las primeras transferencias que se hicieron en contra del Isspol. De los $ 693 millones invertidos en bonos, $ 327 se destinaron a la compra de deuda interna, más conocida como operaciones swap.

SANCIÓN. Según registros de la Superintendencia, el 6 de julio de 2021 el DCV fue sancionado con más de $ 83.000 por la forma en que se canalizaron estos recursos. El depósito y custodio de valores cometió errores de compensación y liquidación.

PROCESO. Restablecer los valores remanentes de la operación demandó seguir un proceso previo, que incluyó la emisión de un reglamento que permitiera a la Superintendencia de Compañías revertir la operación.