Un nuevo acuerdo entre Ecuador y el FMI, acompañado de otros organismos multilaterales, alivia los elevados riesgos financieros del país previo a los importantes pagos que se debe hacer al organismo multilateral el próximo año, aseguró este 2 de mayo de 2024 la calificadora de riesgos Fitch Ratings. Sin embargo, la incertidumbre política podría crear riesgos en torno al cumplimiento del programa, señaló la firma en su reporte.  

El pasado 25 de abril, el FMI informó que llegó a un acuerdo a nivel técnico para un Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de cuatro años por financiamiento de 4.000 millones de dólares. 

Fitch aseguró que el anuncio cumple con su expectativa de que Ecuador debía concretar un nuevo programa sucesor al de 2022 para cubrir los pagos que debe hacer el país por 4.000 millones de dólares entre 2024 y 2027. "El acuerdo con el FMI probablemente desbloqueará fondos multilaterales adicionales", añadió la calificadora. 

Se espera que el nuevo financiamiento cubra la brecha financiera de Ecuador en 2024 y también podría fortalecer la caja fiscal. Los depósitos son bajos (330 millones de dólares en marzo) después de que el déficit fiscal del gobierno central (GC) en 2023 alcanzara el 5,1% del PIB, financiado en gran medida por la reducción de depósitos y deuda interna. Los atrasos alcanzaron un máximo del 3,7% del PIB a finales de 2023.

El pronóstico base de Fitch era que el déficit del gobierno central se reduciría al 2,3% del PIB este año, en parte debido a las recientes reformas tributarias, incluido el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15%. El servicio de la deuda externa de los bonos soberanos (intereses más amortizaciones) es manejable en el corto plazo, según Fitch, pero sin un programa sucesor, la capacidad de pago se vería sometida a una mayor presión antes de pagar la deuda del FMI a partir de 2025 y aumentar los pagos de intereses sobre los bonos externos reestructurados a partir de 2026. .

En 'CCC+', el principal factor de la calificación soberana de Ecuador es el alto nivel de estrés financiero. La calificación ya considera el alivio del estrés fiscal y financiero debido a las recientes reformas tributarias y el posible apoyo del FMI, antes del anuncio del Fondo del 25 de abril.

"Hasta que los detalles del nuevo SAF estén disponibles (probablemente en las próximas semanas), es difícil evaluar las perspectivas de cumplimiento de Ecuador. Los desafíos de implementación significan que podría llevar tiempo evaluar hasta qué punto el programa ayudará a abordar las necesidades de financiamiento y aliviar las restricciones financieras de manera sostenida, lo cual es una sensibilidad de calificación positiva", señala la calificadora. 

Fitch cree que la probabilidad de reformas adicionales, que podrían afectar las perspectivas de cumplimiento del programa del FMI, probablemente seguirá siendo incierta, al menos hasta que se lleven a cabo las elecciones generales (presidenciales y de asambleístas) en febrero de 2025. Según el reporte, la reelección podría darle al presidente Daniel Noboa una oportunidad mandato para implementar el programa, y hacerlo podría ser menos difícil si su partido ADN aumentara su representación en la Asamblea Nacional. Sin embargo, es poco probable que las elecciones reduzcan significativamente la fragmentación política.

Fitch cree que Noboa se fortaleció después de que los votantes aprobaron nueve de sus 11 propuestas en un referéndum reciente. Las medidas aprobadas se centraron en combatir la delincuencia y mejorar la seguridad. Los votantes rechazaron propuestas económicas relacionadas con una mayor flexibilidad del mercado laboral, lo que permitiría a Ecuador someterse a un arbitraje internacional para resolver disputas comerciales. Pese a ello, Fitch considera que el referéndum representa un voto de confianza en el Gobierno antes de las elecciones. El apoyo en la Asamblea es volátil, y es probable que el partido más grande, Revolución Ciudadana, apoye la implementación de estas medidas de seguridad. Pero la coalición de Noboa está creciendo a medida que ha realizado otras alianzas legislativas.

Queda por ver cuánto ajuste fiscal bajo el nuevo SAF provendría de medidas tributarias, en las que Noboa ha logrado algunos avances, en particular el incremento del IVA. Sin embargo, la realización de los beneficios en materia de ingresos dependerá del resultado de las impugnaciones legales a las reformas en la Corte Constitucional. "Es posible que resulte más difícil implementar esfuerzos adicionales de consolidación, por ejemplo mediante la reducción de los subsidios al combustible, debido al posible malestar social, incluso entre las comunidades indígenas", añadió Fitch. 

El cumplimiento de los objetivos fiscales también podría verse amenazado por el cierre de tres yacimientos petroleros del Bloque 43-ITT tras la consulta popular de agosto de 2023, que impide la actividad petrolera en el Parque Nacional Yasuní, lo cual ocurrirá en 2025 y podría afectar los ingresos en 600 millones de dólares netos al año, concluye la calificadora de riesgos. 

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