Exportación bajo presión: La UE exige al agro no deforestar

Ecuador tiene un año más para demostrar que sus principales productos de exportación agrícola no provienen de áreas deforestadas. La Unión Europea (UE) extendió hasta diciembre de 2025 la entrada en vigor de su Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), que inicialmente debía aplicarse este año para cacao, café y aceite de palma.

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“El Ecuador exporta por 5.000 millones de dólares a la Unión Europea, principalmente productos agrícolas de pesca, y la Unión Europea exporta por unos 2 millones de euros”, explicó Christophe de Vroey, jefe de la sección comercial de la delegación europea en Ecuador, generando un superávit comercial de 3.000 millones de euros. “La Unión Europea es el primer mercado de las exportaciones agrícolas del Ecuador”, representando “casi 25 % de las exportaciones globales”.

El EUDR exige que todos los productos importados por la UE demuestren que no provienen de zonas deforestadas desde el 31 de diciembre de 2020, incluyendo coordenadas GPS y certificaciones. La normativa surge porque “en una década entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie de masa forestal mayor que la propia Unión Europea y más o menos el 10 % es atribuible al consumo europeo”, explicó Verónica Arias, experta ambiental.

El sector del cacao y café

El cacao presenta un panorama contradictorio entre las percepciones europeas y la realidad local. De Vroey manifestó confianza: “Para mí el sector cacaotero es el que está mejor preparado para continuar exportando”, destacando que “hay cooperativas con mucho más trayectoria” en comparación al cafetalero. Según el funcionario europeo, la brecha económica entre ambos sectores es significativa: mientras el cacao representa “más de 80 millones de dólares cada año” en exportaciones, el café alcanza apenas “unos 5 millones de dólares” anuales.

Andreas Cianferoni, representante legal del Comité Europeo para la Formación y la Agricultura (CEFA), ofrece una perspectiva menos optimista. Considera la norma “muy bonita” conceptualmente, pero critica que es “una norma pensada desde un escritorio en Bruselas” sin considerar la realidad práctica de los productores.

El problema fundamental: “El 80 % del cacao y del café es comercializado a través de sistemas informales”. Cianferoni destaca la complejidad de generar la información requerida, considerando “la alta informalidad en la cadena de producción, la falta de información del Ministerio de Agricultura y la dificultad de acceso a sistemas de trazabilidad en zonas rurales”.

“Al final todos los costos que se generan para mantener trazabilidad van a caer hacia los productores, que son el punto más débil de la cadena”, advirtió Cianferoni. Las grandes empresas exportadoras están creando sus propios sistemas, “pero la mayoría de los pequeños productores, que venden a través de intermediarios, se encuentran en una situación vulnerable”.

Un problema adicional es la definición de deforestación. Los “cultivos agroforestales, todo el sistema de chakra” pueden aparecer como bosque en mapas satelitales cuando “realmente sí es cacao porque el cacao se cultiva bajo sistemas que en la definición aparece casi como bosque”, recalca el representante de CEFA.

Iván Ontaneda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao), identifica otro obstáculo estructural crítico: “Se nos pide también que la cadena de producción se garantice la legitimidad de la tierra de un productor. Eso en nuestro país es muy complicado porque no existe tenencia de tierra oficial de parte de los agricultores”.

Empresas como MJTech han desarrollado sistemas de trazabilidad utilizados por organizaciones sociales. Ramiro Jaramillo, gerente general, confirmó que “las primeras exportaciones de cacao libre de deforestación han sido hechas con estos sistemas”, aunque reconoce que “es un número bastante limitado de productores”.

Palma de aceite

De Vroey mantiene confianza en el sector palmicultor: “El sector está bien preparado porque es un sector bastante grande. Los productores son mucho más grandes que en el sector de cacao”, lo que le daría a esta industria mayores facilidades de organización y recursos para cumplir con la norma.

No obstante, esta percepción choca con la evaluación del propio sector. Carlos Chávez, presidente del directorio de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana (Ancupa), fue categórico: “Muy pocos de los palmicultores cumplen con los estándares europeos. El sector ha venido sufriendo crisis muy grandes”.

Los problemas se atribuyen a la epidemia de pudrición del cogollo, una enfermedad que ha mermado sus plantaciones: “Hemos perdido cerca de 120.000 hectáreas de palma, casi el 50 % del cultivo”.

Chávez describió la dificultad de recopilar información georreferencial cuando “el palmicultor tiene la libertad de comercializar su fruta” a diferentes extractoras. Considera que “el Ministerio de Agricultura debería liderar este proceso a través de un censo actualizado”, ya que “la disminución del número de extractoras en zonas como Santo Domingo y Quindío dificulta aún más la trazabilidad”.

Una diferencia clave con el cacao es que las certificaciones no han beneficiado económicamente a los palmicultores. “De ninguna de las certificaciones nos han beneficiado, lo único que han hecho es encarecer nuestros costos”, confesó Chávez, quien no cree que un año adicional será suficiente.

Pero las consecuencias del incumplimiento son claras. De Vroey advirtió que los productos que no cumplan “podrían ser bloqueados, multados, con confiscaciones”, aunque inicialmente “supongo que vas a tener multas o avisos”.

Desde el Ministerio de Producción no se han referido al tema. Pero Arias identifica vacíos institucionales, por parte de la administración pública: “Es urgente que las líneas de crédito de bancos del Estado abran financiamiento” para pequeños productores que “no tienen capacidad para endeudarse”, pero requieren recursos para cumplir con la normativa.

De Vroey reconoce que “en el terreno falta cooperación directa con los pequeños productores”. Con el plazo acercándose, Ecuador enfrenta el desafío de cerrar la brecha entre expectativas europeas y capacidades reales. La prórroga representa una última oportunidad para articular una respuesta que incluya fortalecimiento institucional y sistemas de trazabilidad que no excluyan a los sectores vulnerables.

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