La eliminación de incentivos desalienta la inversión vía APP
Nuevas reglas ponen en riesgo una de las fuentes de arribo de capitales frescos. En las Alianzas Público-Privadas (APP) se pierde la opción de igualar ofertas
En medio de una revuelta económica, el país se reta en la atracción de nuevos capitales para estabilizar su economía; pero, lejos de lo que se espera, nuevas normas ponen a tambalear a uno de los pilares que sostienen la ansiada inversión: las Alianzas Público-Privadas (APP), con las cuales se siguen encaminando ciertos proyectos. La eliminación de incentivos, dicen empresarios, estaría restándoles posibilidades de ganar una concesión.
La emisión del Decreto 1190, firmado el pasado 17 de noviembre, poco esperado en medio de la promesa oficial de tener reglas claras y conservar la estabilidad jurídica, siembra incertidumbre en varios inversionistas. Si bien el nuevo reglamento permite que estas empresas, además de construir obras de infraestructura de competencia pública, puedan asumir la operación y el mantenimiento de estas, les resta otras ventajas, como el peso que tenía el gasto que estas iniciativas privadas destinan para los estudios de prefactibilidad. Si antes esto era un factor que incidía en el puntaje final a la hora de ganar una concesión de interés público, ahora ya no.
Y eso preocupa. No se trata de una inversión menor, explica Willian Stills, representante de Reliance en Ecuador, una compañía ferroviaria de Texas (Estados Unidos). Su empresa hasta el momento ha invertido $ 2 millones de los $ 28 millones que costaría el preestudio para reactivar el servicio ferroviario, un plan que movería una inversión de $ 1.770 millones y generaría más de 30.000 plazas de empleo en el país.
En Ecuador hay muy buenas leyes, el problema es el cambio de normas y la demora de la burocracia.
En estos días, cuenta Stills, la expectativa era que el Gobierno declare el interés público del proyecto, pero a cambio han tenido que asimilar las nuevas reglas de juego. Hay algo más: el decreto además les impide la posibilidad de que, en una etapa final, la empresa proponente pueda igualar su oferta frente a otros competidores. “El Gobierno licita internacionalmente para que otras empresas puedan entregar sus propuestas, estas tienen el chance de mejorar lo que se presenta; pero la firma que tuvo la iniciativa, la que gastó dinero, la que estuvo años tratando de sacar el negocio, ya no”, sostiene.
Ese decreto es un suicidio en un momento en que la inversión, hasta noviembre, ha caído ya un 63 %.
En el mundo de los negocios ese mecanismo es conocido como ‘Swiss Challenge’, explica Marcelo Bodero, asesor jurídico y experto en inversiones, quien califica a esta política como una insensatez. “El que impulsa una iniciativa privada lo hace porque apuesta a que tiene alta probabilidad de que su proyecto llegue a buen término, porque previamente el Estado ya ha valorado si el proyecto es bueno o no. Esto no tiene una lógica”, argumenta.
El cambio de reglas en el ámbito de las APP genera también cuestionamientos en otros grupos que buscan impulsar proyectos bajo esta vía. Iván Prieto, asesor de ALFE (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos), considera que el decreto es equivocado, pues todo aquel que se anima a encaminar un proyecto de estos “espera una ventaja en términos de por lo menos mejorar su posición frente a otros. Si no existe eso, es un desincentivo”. ALFE y Difare, dice, todavía analizan las ventajas que tendrían para encaminar un proyecto que permita a la red de hospitales públicos tener una mejor distribución y manejo de medicinas. Un plan que mermaría hasta en un 25 % los costos que el Estado destina al respecto.
El decreto crea un Comité Interinstitucional de APP que será manejado por el Ministerio de Finanzas. El anterior dejó de funcionar, luego de la eliminación del Ministerio Coordinador de la Producción, ente que lo presidía. EXPRESO intentó hablar con las autoridades de Finanzas para que se aclare la motivación que tendrían las nuevas reglas, pero no hubo respuesta.
Con la reforma, asevera Bodero, el país estaría perdiendo una gran oportunidad de atraer dinero, en un momento en que el Estado no tiene recursos. Critica la discrecionalidad con la que, a su parecer, los funcionarios han actuado. “Ha sido simplemente gente empírica que ha dicho: ‘en las 5 APP (proyectos) que existen en el país no ha habido competencia, entonces eliminemos esto’; pero no se ha hecho un estudio al respecto. Si no hubo competencia, quizás es porque la oferta fue tan buena que no la pudieron mejorar”, indica el analista, quien advierte que las reformas debilitarán un modelo de inversión cuya eficiencia ya se demuestra en algunas obras en operación: DP World o el Puerto Bolívar.
