La consultora Deloitte presentó las perspectivas para el entorno económico de América Latina para 2023. 

La firma señala que el crecimiento económico de América Latina durante 2022 fue de 3,4 %, un aumento moderado en comparación con 2021, cuando el PIB de la región aumentó casi un 7 %, de acuerdo con el FMI. 

Para 2023, dice Deloitte, se estima que la economía de Latinoamérica tan solo crezca un 1,7 %. Pero ¿a qué se debe esta progresiva desaceleración? Para entender este comportamiento, se analizan los principales factores que inciden en la económica global y, particularmente, de la región Andina.

La consultora señala dos razones. En primer lugar, el año pasado estuvo caracterizado por una alta inflación que produjo la guerra en Ucrania, así como las aún latentes dificultades logísticas internacionales. Por otra parte, los tipos de tasas de interés en el mundo aumentaron para hacer frente a la inflación.

En tal sentido, el 2023 trae consigo una nueva serie de retos que pueden impactar considerablemente a la región. Entre ellos, el sector externo luce menos favorable. Además, a la progresiva desaceleración o recesión en los Estados Unidos y Europa, se suman los menores precios de las materias primas. Por si fuera poco, hay reportes que señalan que el fenómeno de la Niña puede extenderse hasta mediados de febrero.

En el caso de Ecuador, dice Deloitte, el crecimiento en 2021 fue de 4,2 % y en 2022 se estima que se ubique en un 2,9 %. Aunque se trata de resultados destacados en la historia reciente del Ecuador (4,2 % es el crecimiento más alto en ocho años), son insuficientes para compensar la caída del año 2020 (-7,8 %). De esa manera, Ecuador es uno de los tres países en la región cuya economía no supera aún su tamaño anterior a la pandemia (México y Venezuela son los otros).

Según la firma, una de las razones del bajo crecimiento tiene que ver con la caída en la producción petrolera. De acuerdo con fuentes oficiales, Ecuador promedió 479.000 barriles diarios de crudo en 2022. Este valor es prácticamente el mismo de 2019 y apenas un 1 % superior al de 2021. Entre las razones del estancamiento se pueden citar los retrasos en las licencias ambientales y bloqueos en varios campos por parte de las comunidades indígenas.