Ecuador volverá a tener una alta dependencia de los mercados externos el próximo año: prevé cubrir el 50 % de sus necesidades de financiamiento ($ 9.534 millones) con acuerdos con organismos internacionales que están en marcha, o con convenios que aún se están negociando. El resto provendrá del mercado interno, en el cual se prevé el apoyo de entidades públicas no financieras.

Las cifras de financiamiento y sus posibles orígenes, que se reflejan en la Proforma Presupuestaria de 2022 (que fija un presupuesto total de $ 33.899,73 millones para el siguiente año), fueron aterrizadas ayer por el ministro de Economía yFinanzas, Simón Cueva, durante un conversatorio llevado a cabo en Guayaquil.

Según el documento, de los $ 9.500 millones que aún se deben cubrir, $ 4.800 millones provendrían del mercado externo; y de ellos, $ 1.200 millones mediante colocaciones y $ 3.600 millones con préstamos. Las colocaciones, acotó Cueva, no necesariamente son bonos externos, pues podrían comprender financiamiento comercial proveniente de bancos. Cueva no cierra la posibilidad, pero cada vez debilita su predicción de un inmediato retorno de Ecuador a los mercados internacionales. “Es sano que el país esté en ese escenario, pero debe hacerlo de forma ordenada”, argumentó. No obstante, José Gabriel Castillo, viceministro de esa cartera, ha sido más claro. Él negó que el Gobierno esté planificando emitir bonos el próximo año; no en las condiciones económicas de Ecuador (con un riesgo país de 847 puntos), que aún generan el riesgo de obtener deuda cara.

Las autoridades todavía están a la expectativa de que la Asamblea apruebe la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal que, entre otros puntos, permitirá que el país en 2022 pueda tener una recaudación adicional de $ 800 millones en tributos. Eso, dijeron, ayudará incluso a reducir la proporción de la necesidad de financiamiento previsto. “Eso mejoraría las condiciones. Probablemente en el 2023, con un mejor riesgo país, sea posible volver”.

En torno a los préstamos, Cueva sostuvo que hay discusiones en marcha y otras que ya están cerradas. Entre estas últimas consta el saldo de $ 1.000 millones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé, si las metas se cumplen, desembolsar el próximo año.

Por otra parte, de los $ 4.734 millones que el Gobierno programa obtener dentro del país,          $ 4.726 millones provendrían de colocaciones internas; para el resto, se contempla realizar préstamos. La estrategia aquí, aclaró Cueva, contempla varias fuentes: la emisión de bonos internos, el uso de depósitos y el apoyo de liquidez que ya se negocia con entidades públicas no financieras. Este Diario solicitó a Finanzas precisiones sobre el tema y detalles de cómo operaría este mecanismo, pero aún no ha dado una respuesta.

Ramiro Crespo, presidente de la firma Analytica Securities, pone reparos a la estrategia de emisión de bonos internos. “El mercado de bonos domésticos privados es muy limitado, porque los bonos no son líquidos y no son de fácil venta”, analiza. Sin embargo, admite que aquí ayudaría la participación de empresas estatales que, aunque no tengan ganancias, demuestran tener recursos disponibles. “Siendo así, firmas como Petroecuador, CNT o empresas eléctricas podrían ser inducidas a comprar estos bonos. Pero en la práctica, lo que ocurriría es que ese dinero pasaría de un bolsillo del Estado (cuenta de empresas estatales) a otro bolsillo del Estado que es el presupuesto general”.

Crespo considera que la vía que toma el Gobierno es una de las pocas alternativas que le quedan para enfrentar la inestabilidad económica heredada de sus antecesores. No obstante, aclara que tiene sus riesgos. El problema es para estas empresas que estarían concentrando su riesgo de inversiones solo en bonos del Estado. Para el analista, la medida debería ser temporal. La real solución es que el régimen, con el tiempo, continúe achicando sus gastos estatales para recurrir cada vez a menos financiamiento.

• EN DEBATE. 

La proforma 2022 fue remitida a la Asamblea el pasado 30 de octubre. Desde esa fecha corren 30 días de plazo para aprobarla u observarla. En el documento se estiman ingresos totales por $ 24.114,62 millones versus los $ 27.898,12 millones en gastos, dando como resultado un déficit global del 3,45 % del PIB.