El duelo Antimonopolio-Otecel
No hay acuerdo. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado y Otecel (Movistar) ayer hicieron públicas las diferencias que tenían en medio de una negociación para sellar un compromiso de cese. En juego está, para el ente de control, la transpare
No hay acuerdo. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado y Otecel (Movistar) ayer hicieron públicas las diferencias que tenían en medio de una negociación para sellar un compromiso de cese. En juego está, para el ente de control, la transparencia en la publicidad para la ciudadanía.
La Comisión de Primera Instancia de la entidad pública convocó a una rueda de prensa para anunciar el feliz acuerdo. En 2012 la empresa exhibía un cartel en Guayaquil ofertando servicio de Internet 4G. La Superintendencia inició una investigación por considerar que la valla era publicidad engañosa, porque en ese año no existía ese servicio en Ecuador.
Para evitar sanciones mayores, Otecel aceptó acogerse a un compromiso de cese. Mario Rubio, abogado de la empresa, dijo que esa fue la idea inicial. La Superintendencia, explicó Rubio, hizo cambios al documento propuesto e incluyó cláusulas con las que la empresa no está de acuerdo.
Lo curioso es que el reclamo fue público y en medio de la rueda de prensa.
Marcelo Ortega, presidente de la Comisión de Resolución de Primera Instancia, dijo que no había recibido nada por escrito y que, por tanto, el acuerdo estaba aceptado.
¿Qué decía el documento de la discordia? La comisión impuso una sanción de 2,6 millones de dólares, a pagarse en 15 días. También solicitó una campaña publicitaria para capacitar a los ciudadanos. La publicación deberá ser aprobada por la entidad estatal.
La Superintendencia exigió un poco más. Como medidas complementarias, se exige la realización de un seminario, en Quito, Guayaquil y Cuenca, sobre la evolución de las tecnologías móviles.
La lista sigue. El compromiso ordena que Otecel organice y financie un “taller relacionado con buenas prácticas comerciales”. También deberá pagar todos los gastos de un “experto internacional, de conformidad con el programa que para el efecto aprobará la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales”.
Ortega explicó que si la segunda operadora de telefonía móvil más grande del país no acoge el compromiso, se completará un proceso legal y se impondría una multa y sanción por publicidad engañosa.
El Comité Empresarial Ecuatoriano ha cuestionado la metodología de la Superintendencia. Según los empresarios, un régimen de multas ahuyenta la inversión privada.
