Las dos facciones cara a cara

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Las dos facciones cara a cara

El correísmo denuncia injerencia judicial. Tres jueces anuncian acciones legales.

Con apoyo reducido llegó la asambleísta Gabriela Rivadeneira a la audiencia en el TCE. Pese a que se pidió resguardo policial para evitar incidentes, lo cierto es que ayer apenas cuatro personas, con banderas verdes, lanzaron consignas contra los abogados

Una pugna que tiene a más de uno confundido. En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se hizo ayer una audiencia para determinar si la acción de protección que recibió el presidente Lenín Moreno, para no perder la presidencia de Alianza PAIS, de parte de un Tribunal de Garantías Penales de Quito, constituyó o no una injerencia de la justicia en temas electorales.

La diligencia provocó que, por primera vez, las dos facciones del oficialismo (la que se alinea con el expresidente Rafael Correa y la que está con Moreno) se pongan frente a frente, ante un juez, aunque esta audiencia no era precisamente para resolver alguna de las discrepancias que tiene el movimiento desde mayo.

La denuncia presentada por la asambleísta Gabriela Rivadeneira, en realidad, fue en contra de los jueces penales Esneider Gómez Romero, Wilson Caiza Reinoso y Juan Tenesaca Atupaña. Pero ayer, al Contencioso Electoral también llegó el legislador Ricardo Zambrano en calidad de secretario ejecutivo encargado de PAIS, reconocido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esto provocó que el abogado de los tres denunciados, Edwin Blum, reclame al juez del TCE, Vicente Cárdenas. “Vemos que hay dos cabezas de una misma organización política. Como abogado me siento en estado de inseguridad porque hay dos posiciones y no sé de cuál me voy a defender”, dijo.

¿En representación de quién acudió Rivadeneira a la audiencia? “Por sus propios derechos”, dijo el juez electoral. ¿Y Zambrano? Como secretario de Alianza PAIS y opuesto a la denuncia de Rivadeneira, aunque Cárdenas le dio hasta hoy para que presente el certificado del CNE que lo acredita como tal.

Aclarar este punto tomó casi 40 minutos. De ahí vinieron los alegatos de las tres partes. Rivadeneira insistió en que si no se sanciona a los tres jueces penales, se podría crear un mal precedente, porque otros temas electorales, como la descalificación de candidaturas, podrían empezar a ser ventilados en instancias judiciales.

Pero Elena Nájera, que también actuó como defensora de los denunciados, le recordó que la acción que presentó el presidente fue por una supuesta vulneración de sus derechos constitucionales y que los únicos competentes para otorgar medidas cautelares son los jueces garantistas y no los electorales.

Algunos argumentos de Najera causaron la risa de Rivadeneira que estuvo acompañada de Paola Pabón y su abogado Guillermo González, que fue juez del TCE hasta 2016. Eso molestó a la abogada que pidió a Cárdenas que exija compostura a la legisladora. La inverosímil respuesta que recibió del juez fue: “No le mire que se está riendo y listo”.

Luego de casi tres horas concluyó la audiencia. Cárdenas dijo que oportunamente dará a conocer su decisión. Recordó que la ley le da hasta 30 días para emitir un dictamen, aunque no aclaró cuándo se cumple ese plazo.

Fiscalía

La orden para allanar, lista

La orden está dada. En la Fiscalía de Pichincha existe una acción urgente con la orden de allanamiento de la sede de Alianza PAIS (AP), ubicada en el norte de Quito.

El objetivo sería recuperar la estructura que actualmente está bajo el dominio del ala correísta del movimiento y entregarla a la directiva que es reconocida por las autoridades electorales.

Sin embargo, el secretario ejecutivo de AP, Ricardo Zambrano, dijo ayer van a evitar al máximo una confrontación y que apelarán a que se dé una transición ordenada.

Voces

Gabriela Rivadeneira, asambleísta y militante del movimiento Alianza PAIS

Hay que recordar que hay tres procesos sobre Alianza PAIS que están en el Contencioso Electoral. Nos sometemos a este organismo porque es el único autorizado en temas electorales.

Ricardo Zambrano, secretario ejecutivo y legislador de Alianza PAIS

Los jueces de garantías penales actuaron en derecho. Se trató de destituir al presidente del movimiento sin permitirle defenderse, violando el debido proceso y eso es muy grave.