Entre la esperanza, el temor y la decepción. El no ver ni escuchar el rugido del agua en el fondo de la quebrada Carretas, en Carapungo, ha devuelto en algo la ilusión a los moradores de esa zona del norte de Quito de que podrán empezar a vivir con algo de paz.

Desde hace casi dos décadas, cuando un colector de la Empresa de Agua Potable colapsó y destruyó parte de la ladera, la erosión no ha parado y se ha extendido poniendo en vilo unos 98 predios; la montaña ha perdido uno 25 metros en promedio y algunas viviendas están prácticamente en el abismo.

El viernes 8 de septiembre de 2023, Francisco Quinteros asomó la cabeza al fondo del barranco para constatar que esté seco como hace ya varias semanas. Es morador del sector desde hace 22 años y su vivienda está junto a otra que prácticamente perdió su patio y parte de la estructura.

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A EXPRESO le dijo que se ha hecho, al menos, dos obras para intentar frenar la erosión: desviaron las descargas de agua que venían desde el Comité del Pueblo y otras urbanizaciones que estaban en el camino. Además, se hizo un ducto que recoge todas las aguas servidas de los barrios circundantes a la quebrada que se han incrementado en los últimos años, pese al peligro.

“Sin embargo, el temor es constante y aumenta mientras más cerca se está de la quebrada. Falta conectar algunos ductos y lo que sería el enrocamiento y muros de contención de, al menos, tres sitios críticos, dos de los cuales amenazan con afectar directamente a la avenida Simón Bolívar”, dijo Quinteros.

Según la Empresa de Agua Potable del Municipio, los trabajos ejecutados en la quebrada Carretas han costado algo más 1,6 millones de dólares. Se han hecho dos captaciones, dos túneles y un interceptor de largo más de un kilómetro de longitud.

A raíz de este problema, Estefanía Pabón, una de las moradoras de la zona más afectada, se hizo activista y dirige el colectivo Luchando por las quebradas. Reconoce que con los trabajos que se han efectuado se ha logrado retirar el agua que provocaba los deslizamientos hídricos, pero asegura que la erosión por efecto del viento se mantiene y eso preocupa a los moradores.

Pero no es lo único. La dirigente le dijo a EXPRESO que de las 98 viviendas afectadas unas 40 han sido declaradas en alto riesgo y dos entraron en proceso de expropiación. Una de ellas la de Pabón, en la que vive con su familia, incluyendo una persona de la tercera edad y ahí hay otro problema.

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Según la activista, las autoridades estarían planteando una expropiación, pero con montos que no convencen a los afectados.

“En mi caso, me proponen seis mil dólares como parte de la expropiación cuando un avalúo con perito determinó que la vivienda costaría unos 200 mil dólares; tiene más de 400 metros cuadrados. La razón sería que la vivienda no tuvo, en su momento, permiso de construcción, pero la ley dice que ese tipo de situaciones prescriben a los cinco años y la vivienda fue construida por mis padres en la década de los 90”, señaló Estefanía.

Los trabajos de estabilización de taludes tomaron algo más de nueve meses. Muchas de las obras no pueden ser vistas porque se desarrollaron al interior de la montaña. A los moradores no les importa mucho verlas o no, en tanto sirvan para poner fin a lo que llaman una “pesadilla” que se ha extendido por demasiado tiempo.

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