Disfuncionalidad fiscal
Alrededor de una quinta parte de los ingresos que han sostenido el funcionamiento del Estado en los dos últimos años se han originado en deuda pública. Entretanto, el gasto de consumo no solo se ha sostenido sino que se ha incrementado, al tiempo que la inversión ha bajado a la mitad. Por simple diferencia, podemos concluir que la deuda contraída se utiliza para pagar intereses, contraviniendo así la norma legal que establece que los ingresos de capital (¡y la deuda califica como tal!) deben ser utilizados para financiar gastos de capital. Las aseveraciones de que tales recursos sirven para financiar programas de desarrollo no se ajustan, por lo tanto, a la verdad.
Se configura así un estado de disfuncionalidad fiscal cuya característica es la no sustentabilidad. La inobservancia del requerimiento de reducción del tamaño del Estado que, según los términos del acuerdo con el FMI, debe superar el 3 % el próximo año, empieza a lucir como una utopía pues, para lograrlo, requeriría de mayores ajustes en un año a todo lo logrado a lo largo de la presente administración. Si descartásemos la opción de más impuestos, por ser inviable, quedaríamos a la espera de qué nueva narrativa nos ofrecen las autoridades para argumentar que ¡todo está bien!
