El dilema de las comisiones ocasionales

Está a punto de desintegrarse la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el femicidio de la abogada María Belén Bernal a manos del teniente Germán Cáceres al interior de la Escuela Superior de Policía de Quito, una vez que presente el informe de las indagaciones que realizó en este caso.

Se prevé que el martes próximo sus cinco integrantes aprueben el documento y sea enviado al presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, para que este lo ponga en consideración del Pleno, que deberá resolver si lo acoge o descarta, porque no tiene un carácter vinculante.

El trabajo de esta comisión no ha estado exento de polémicas. En primer término, porque las comisionadas insistieron en dos ocasiones en llamar al presidente Guillermo Lasso para que dé su versión de los hechos. El mandatario, que no está obligado a acudir, faltó sin dar explicaciones en las dos convocatorias. Lo mismo sucedió con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

Con los que sí fueron, las integrantes de la comisión entablaron una suerte de confrontación que poco o nada aporta a la investigación, salvo que la intención sea llevarlos al enjuiciamiento político, como parece que será la recomendación en algunos casos.

Al ministro del Interior, Juan Zapata, la asambleísta Amada Ortiz le dijo que ha pasado de “gobierno en gobierno” y cuestionó sus capacidades, lo que provocó que el funcionario esté a punto de abandonar la sesión de la comisión.

Al secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, la presidenta de la comisión, la correísta Ana Herrera, le dijo que “está pintado” en el cargo, porque al parecer nadie le informa de lo que pasa en las entidades policiales, al no obtener respuestas a sus cuestionamientos. “Lo que ustedes están haciendo es un show político, no están buscando la verdad”, fue la respuesta de Ordóñez.

Desde 2017, en la Asamblea se han conformado no menos de una docena de comisiones ocasionales para atender temas coyunturales que han generado conmoción social, aunque de muy pocas se conocen los resultados que pudieron obtener en el mediano plazo.

De que no se politicen y que tengan un carácter técnico depende mucho que no se desdibuje el objetivo de las comisiones, opina el abogado penalista Ramiro Román. Recordó que como abogado de la familia del general Jorge Gabela, asesinado a finales de 2010, acudió a la comisión ocasional que se conformó para este caso y que los resultados incluso aportaron en la investigación, que continúa en manos de la Fiscalía.

Pero no siempre sucede eso. A finales de 2019 se conformó la comisión para investigar las violentas protestas protagonizadas por el movimiento indígena en octubre de ese año. Esta terminó aprobando un informe que no determinó responsabilidades políticas, excesos de la policía y tampoco culpables de los actos vandálicos. Pese a ello, pedía a la Fiscalía que dé con los autores.

En su momento, el jefe de la bancada de Pachakutik, Salvador Quishpe, dijo que la Asamblea y las comisiones no tienen más alcances que los de orden político, pero que los expedientes pueden ser trasladados a la Fiscalía para los asuntos penales, por lo que en el caso específico del tema Bernal pidió actuar con responsabilidad para que no se convierta en una suerte de persecución en contra de funcionarios.

Aunque reconoce que no todo sale bien, el exlegislador Héctor Muñoz defiende el sentido mismo de las comisiones. Fue parte de la Comisión Aampetra que investigó casos de abuso sexual en un colegio del sur de Quito. Aunque siente que esta falló al determinar las responsabilidades políticas de los funcionarios de educación de la época.

Los costos dependen de características y tiempo

Establecer cuánto le cuesta a la Asamblea conformar una comisión ocasional no es tarea sencilla, si se tiene en cuenta que cada una tiene sus propias características de funcionamiento, conformación y temporalidad. Para comenzar, los legisladores que la integran no reciben un pago adicional por aquello.

Si la mesa decide tener personal externo a la Asamblea para realizar su trabajo, puede llegar a costar sobre los 12 mil dólares mensuales contratar un secretario, un prosecretario, dos asesores nivel 1 y un asistente. 

Pero según información proporcionada por el Legislativo, se puede prescindir de algunos de estos funcionarios o escogerlos ad hoc, es decir que siendo parte de la nómina van a conformar la comisión, lo que no representa un pago adicional. 

Además de la comisión creada para investigar el caso Bernal, actualmente funciona la Comisión para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales, que en mayo pidió una prórroga.