Diana Atamaint: “No nos compete afirmar o negar casos de fraude”
Tiene máximo dos meses para cambiarle la cara al Consejo Nacional Electoral. El tiempo no es el problema, comenta Diana Atamaint, sino lo que se han encontrado al interior del organismo electoral.
- ¿Qué fue lo primero que llamó su atención al asumir su despacho?
- La decisión inmediata es transparentar. Esto significa poner a manos de las autoridades competentes un análisis respecto a la parte operativa, administrativa y la financiera. En este caso pedimos un examen especial a Contraloría. Paralelamente, revisar la convocatoria para postular al Consejo de Participación Ciudadana que la hizo el Consejo cesado de forma ilegal e irrespetuosa sabiendo que estaban a días de salir. Era urgente revisar el presupuesto del plan operativo de las elecciones de 2019. Eso significó sentarnos a revisar rubro por rubro y ahí sí nos encontramos sorpresas.
- ¿Qué sorpresas encontró?
- Por ejemplo, una asignación de un monto cercano a 1,8 millones de dólares para una consultoría que se la puede hacer con trabajo de la institución sin contar que eso no es parte de un proceso electoral... Recordará que hubo un primer recorte del presupuesto electoral de 141 millones a 119 millones de dólares. Me sorprendió que en esa reducción bajó sustancialmente el rubro de propaganda electoral. Les pregunté (a los funcionarios del CNE) por qué esa diferencia. Me respondieron que ahora sí averiguamos con proformas cuáles son los costos reales. Eso nos dice que el primer presupuesto fue hecho con costos que no reflejaban una verdadera planificación. Esta semana, por cuestiones de tiempo, aprobaremos un nuevo presupuesto cercano a los 100 millones de dólares.
- Provoca sorpresa y también suspicacia...
- Es un reflejo de que no había una responsabilidad para optimizar el uso de los recursos económicos. Como había tanto dinero en la década pasada se hacían actividades que no garantizaban la calidad del proceso. Recordemos que se alquiló un hotel de cinco estrellas por un valor de 200 mil dólares la semana para hacer un centro de mando cuando se puede hacer en las instalaciones del CNE o un colegio. ¿Qué habrá pasado en otros procesos? Eso nos lo tendrán que decir las autoridades. Sí levanta sospecha que haya habido otro tipo de interés para tener presupuestos tan inflados.
- Las irregularidades que señala están relacionadas al mal uso de recursos económicos. ¿Han encontrado alguna que comprometa los resultados de alguno de los procesos electorales?
- Lo divido en dos aspectos. El primero, ya tenemos una solicitud por escrito en el caso de la consulta de Yasunidos. Ellos están convencidos que cuando se dio el proceso de calificación de firmas fueron eliminadas algunas de manera injustificada. Ha pedido una auditoría y el reconteo de sus firmas. Parto de esto para ir a lo segundo, hasta ahora no hay una sola denuncia formal para levantar una investigación sobre una situación de fraude. Tendrán que hacerlo ante la Fiscalía. Son procesos electorales cerrados. Ya el presidente está en funciones. No nos corresponde mirar ni tenemos los elementos para afirmar o negar esas denuncias.
- ¿Parte de este proceso de reinstitucionalización también está quitar esa sombra que puede aún pesar sobre el CNE como un ente que respondía a una organización política?
- Claro. No porque teníamos esa percepción sino porque tenemos evidencia de aquello.
- ¿Qué evidencia tiene?
- Más allá de los comentarios, pruebas, denuncias y experiencias de organizaciones existe un informe del Consejo de Participación Ciudadana de transición que recoge casos con el del MPD, Ruptura de los 25 que fueron afectados por estas decisiones que respondían no a favor de los partidos sino a un poder del Estado y de un partido en particular. Nos corresponde revisar jurídica y técnicamente para actuar en lo que nos corresponde. Ya tenemos informes previos de nuestros equipos y en los próximos días nos pronunciaremos. Además, la limitación de no calificar las firmas para darle la personería jurídica a partidos. Se perdía la documentación. Se traspapelaban los informes. Un sinnúmero de casos que dan cuenta que eran intencional los informes para no aprobarlas. Sobre la asignación del Fondo Partidario hacían informes jurídicos parcializados. Todo esto nos dan elementos para concluir que favorecían a un partido político.
