Dia de fanesca constitucional

La contratación por horas de trabajo; los requisitos para optar por el cargo de contralor y fiscal general; la aprobación del matrimonio igualitario, que se coló en el debate pese a haber sido resuelta ya por la Corte Constitucional; hasta el estatuto del pueblo cholo de la provincia de Santa Elena entró en el saco. Y, por supuesto, las atribuciones o la subsistencia del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), que fue el motivo original por el cual se empezó todo esto hace cuatro meses. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, sometió ayer a debate las reformas constitucionales y abrió una caja de Pandora de la que salieron volando los temas más diversos. Sesión dispersa, desorganizada, que concluyó de la única manera posible: con la decisión de poner la casa en orden antes de seguir adelante.

Una mesa de trabajo se instalará la próxima semana para tal efecto. La integrarán los coordinadores de las bancadas legislativas y los proponentes de cambios a la Constitución: Héctor Muñoz, de SUMA, cuyo proyecto de reforma para despojar al CPCCS de su facultad nominadora de las autoridades de control entró ya a debate en los últimos días de la Presidencia de Elizabeth Cabezas; Wilma Andrade (BIN), que pretende atacar el mismo problema por el camino de la enmienda; Fabricio Villamar (CREO), autor de una propuesta de reformas globales que, además del tema del CPCCS, incluye otros seis aspectos, entre ellos la eliminación de la obligatoriedad del voto, el levantamiento de la prohibición que pesa sobre la contratación por horas de trabajo, la autonomía del Banco Central y el reconocimiento del arbitraje internacional en los tratados. Y, con ellos, Mae Montaño, Jeannine Cruz, Gloria Astudillo...

Ellos elaborarán una propuesta unificada para conocimiento del Pleno, que tomará una resolución y la remitirá a la Corte Constitucional. Este organismo dirá si los cambios propuestos precisan una reforma o una enmienda constitucional. La diferencia fundamental: en el primer caso la decisión final la toman los ciudadanos, en consulta popular; en el segundo, la propia Asamblea.

En el debate de ayer, la urgencia de reformar (o desaparecer) al CPCCS se cruzó con otra, que preocupa a un grupo de asambleístas opuestos al matrimonio igualitario y críticos de la Corte Constitucional. Fue el socialcristiano César Rohón quien elaboró la teoría del caso: “Nos guste o no nos guste -dijo- el artículo 67 de la Constitución (donde se establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer) está vigente”. Héctor Yépez (CREO) vio la oportunidad para introducir en el debate su propuesta de someter la aprobación del matrimonio igualitario a consulta popular, junto con las demás reformas que decida el Pleno. Lo secundó el socialcristiano Esteban Torres, que calificó a la Corte Constitucional como “la Corte de Camelot de la izquierda”.

La correísta Marcela Aguiñaga saltó en defensa del fallo de la Corte: “No se puede someter los derechos de las minorías a consulta popular -dijo- la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado más de una vez sentencias en ese sentido. Si no les gusta que respetemos los derechos humanos, denuncien la Convención Interamericana”.

¿Entorpecerá el tema del matrimonio igualitario el debate sobre las reformas constitucionales? No parece que la posición defendida ayer por Rohón, Yépez y Torres tenga siquiera una remota perspectiva de éxito: finalmente, será la propia Corte Constitucional la que califique cualquier propuesta de reformas. Y sobre el matrimonio igualitario, esa Corte dijo ya su última palabra.

Juicio político

La exministra al banquillo

Ayer por la tarde, la Comisión de Fiscalización avocó conocimiento del juicio político contra la exministra de Salud, Verónica Espinosa, y fijó un cronograma. Las comparecencias arrancan el lunes, con funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA). La acusadora, Mae Montaño, será escuchada el 8 de julio. El informe estará listo el 18 de ese mismo mes.