La deuda oculta entra en el radar de la fiscalizacion

El cuestionable manejo de la deuda pública, durante la autodenominada revolución ciudadana, enciende alarmas en varias entidades públicas. Todas coinciden en la necesidad urgente de cambiar el sistema para evitar irregularidades en la administración de Lenín Moreno.

En la Asamblea, por ejemplo, la oposición perfila acciones por separado. El caso más claro es el del movimiento CREO, sus legisladores discutieron, ayer, pedidos de fiscalización sustentados en la publicación que hizo EXPRESO, el 2 de enero, sobre un convenio firmado entre el Ministerio de Finanzas y Petroecuador para que la empresa pública obtenga dinero para financiar obras del Gobierno.

Homero Castanier, integrante de la agrupación y miembro de la Comisión de Fiscalización, será el abanderado del tema. Él propondrá que las máximas autoridades de hidrocarburos y finanzas acudan a la mesa legislativa. Esa propuesta cuenta con el apoyo de sus correligionarios.

En la misma línea está la asambleísta de Fuerza Ecuador (FE), María Mercedes Cuesta. Ella dijo que la Asamblea debe convocar no solo a las autoridades actuales, sino a exgerentes y exministros. Claro que, varias autoridades de Petroecuador están detenidas por corrupción.

Cuesta reconoce la importancia de las investigaciones periodísticas para ayudar a la Asamblea para la fiscalización. También confía en que el nuevo escenario legislativo ayudará a esclarecer los negocios de la última década.

El Partido Social Cristiano (PSC), SUMA, Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID) también tienen preguntas para los funcionarios que están frente a las entidades económicas del Estado. Lo importante, coinciden, es que se tomen correctivos inmediatos.

Lo primero es derogar, por ejemplo, el convenio firmado el 3 de diciembre de 2014. El documento estará vigente hasta 2020 y podrá renovarse automáticamente si no hay acciones para eliminarlo.

Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, aseguró a este Diario que el documento está “en un cajón” y no será utilizado por decisión del presidente Moreno. En la administración actual, afirmó, se entiende que las funciones del sector público deben estar separadas y no es viable que una empresa pública consiga fondos para financiar al Gobierno. Una práctica que se institucionalizó durante el gobierno de Rafael Correa.

Con él está de acuerdo el gerente general de Petroecuador, Carlos Tejada. En entrevista con EXPRESO, explicó que la poca transparencia del alcance del convenio de 2014 llamó la atención de la Contraloría General del Estado.

El ente de control ordenó que la deuda, contratada bajo el documento, aparezca en los balances de la petrolera. Hasta ahora, el monto total no aparece en ningún informe.

Para la próxima semana, además, se espera que la Contraloría General entregue un informe sobre la deuda pública -interna y externa- obtenida durante la gestión del expresidente Correa.