El Presidente presentó a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria del 2018, en la que se destacan dos factores: un porcentaje de alrededor del 30 % destinado al pago de deuda y un incremento de impuestos y aranceles, que reflejan los criterios en materia fiscal que no han cambiado en relación al anterior gobierno. Se mantienen como soportes del financiamiento del gasto público, aumentar tributos y amortizar la deuda con más endeudamiento.

Es correcto no efectuar ajustes dramáticos para equilibrar un presupuesto deficitario, sería injusto cobrarle a los ecuatorianos errores del anterior gobierno, que en el manejo de los recursos públicos no conoció del ahorro y la austeridad, inversamente gastó descontroladamente y realizó obra pública con fines político- electoral endeudando al país.

Actuales y futuras generaciones se sacrificarán pagando ese boato, en el que no estuvieron ausentes el dispendio, sobreprecios, obras inútiles y una inocultable corrupción. Los hechos tienden a repetirse.

Según historiadores, el Ecuador nació con una deuda que la terminó de pagar 140 años después, cuando comenzó a explotar el petróleo, recordándonos el axioma “no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague”.

La elevada deuda pública (en parte con intereses onerosos), fue cuadruplicada en su monto la década pasada.

Endeudarse no es censurable, teóricamente se afirma el crédito significa cambiar una riqueza presente por una riqueza futura, pero nunca fue conveniente endeudarse más allá de las posibilidades que se tienen, equivale a cambiar un bienestar transitorio por un futuro incierto, eso es reprochable a quienes lo hicieron.

No es justo solicitar a los ecuatorianos que contribuyan a financiar el presupuesto del Estado con más tributos, primero debe estimularse la producción, controlar el gasto eliminando vacantes y reduciendo cargos, asesores, coordinadores de altos sueldos, prohibiendo viajes y viáticos no indispensables dentro o fuera del país, entre otras medidas mínimas de austeridad, hasta que se establezca un nuevo rumbo económico con otros conceptos y funcionarios.