Casa adentro. En un foro realizado en Diario EXPRESO al cumplirse un año de su gobierno, el presidente Guillermo Lasso coincidió con un articulista sobre la vigencia de reglamentos de leyes que fueron aprobados en el régimen de Rafael Correa y que podrían entorpecer sus proyectos. También dijo que se ha planteado la meta de evitar que personajes afines al expresidente y prófugo por corrupción se tomen el control del Estado.

No obstante, hay otros frentes donde se debe evaluar potenciales amenazas para garantizar la gobernabilidad.

El analista político Gabriel Hidalgo Andrade avizoraba hace un año, en una columna suya colgada en su cuenta de Twitter, “que hay decenas de miles de funcionarios públicos pasando de un gobierno a otro con distintas modalidades contractuales y adaptándose a los cambios de la coyuntura política (...). Que pueden influir en las decisiones públicas de sus sectores, que pueden nombrar autoridades superiores e inferiores, y que incluso pueden llegar a boicotear las decisiones del gobierno en funciones”.

El 1 de julio pasado quedó evidenciado que hay desafectos desde el mismo Gobierno, cuando de la cuenta de Twitter de la Secretaría de Derechos Humanos se criticó una caricatura de Bonil: “Oye dibujante de adefesios dedícale eso a tu amo el inepto y cobarde ese que se esconde en Carondelet”.

Desde la entidad se dijo que la cuenta fue hackeada, aunque después se comunicó al caricaturista que un exempleado le había dado un mal uso.

En la Federación de Servidores Públicos conocen el problema. Miguel García, presidente de ese gremio, asegura que la mayoría de los funcionarios que obstaculizan procesos o generan problemas al interior de las instituciones ingresó sin un concurso de méritos y oposición, que entró como cuota política en gobiernos pasados a través de otras dos figuras: contrato de servicios ocasionales o nombramiento provisional.

“Mientras no se convoque a un concurso, ese señor puede estar ahí años. Yo conozco gente del tiempo de Correa que todavía está con nombramiento provisional y todavía está con contrato de servicios ocasionales. Más o menos 100 mil personas trabajan en el sector público con estos dos esquemas”, sostiene García.

De acuerdo con sus cálculos, en el aparato estatal, incluidos los gobiernos descentralizados, hay unos 600 mil empleados. El Ministerio de Trabajo, en cambio, publica en su página web que cerca de 400 mil servidores había en junio pasado. Está pendiente una entrevista solicitada a esa entidad para conocer los criterios de contratación, entre otros temas.

El contrato de servicios ocasionales y el nombramiento provisional también han servido de cálculo político, añade el dirigente: “Las personas que se han quedado de los gobiernos anteriores no les han dado nombramiento definitivo porque cuando les dan eso ya no les tienen fieles al que le puso en ese puesto, al padrino”.

Los nudos o irregularidades se registran con mayor recurrencia en las áreas de servicio al público, de compras públicas y en oficinas donde se despachan las finanzas de las instituciones, según el gremio.

Julieta Herrería, docente de Administración Pública en la Universidad Casa Grande, cree que hay una relación entre el nivel de profesionalización del servicio público y el nivel de eficiencia que se brinda. Una tarea pendiente. “¿Cómo los profesionalizas? Los profesionalizas creando concursos de méritos y oposición, creando escuelas de Política y escuelas de Diplomacia, para quienes quieran trabajar en una institución pública. El servicio público no se hace al andar”, sugiere la politóloga, quien también comparte la idea de que se incurre en corrupción cuando se acepta un cargo para el cual se tiene parcial o nulo conocimiento.

Un sistema integral de carrera pública es una alternativa para encaminar de mejor manera al servicio público, propone Diana Paz, investigadora en Diseño de Políticas Públicas: “Para tener servidores públicos con capacidades reales de servicio. Esto genera en el Estado unos mecanismos de ingresos sobre los cuales se evalúan las capacidades tanto técnicas, políticas y administrativas del servidor, y esto también viene acompañado de mecanismos de evaluación constante”.

Los analistas consultados concuerdan con que la despolitización del Estado debe percibirse como una reorganización del recurso humano, de acuerdo con sus capacidades y las necesidades de las instituciones, para evitar el despilfarro de los recursos públicos. Este proceso debe ejecutarse a la par con sendos concursos de méritos y oposición para alcanzar el recambio, de forma progresiva, como una inversión a mediano y largo plazo. También precisan que entre las cuotas políticas hay gente capaz.