El 27 de junio las FARC, oficialmente dejaron de ser la más antigua guerrilla del continente -alzada en armas hace 53 años para impulsar su ideario social y agrario- al concluir formalmente su proceso de desarme para preparar su incorporación a la vida política legal. En el acto, su jefe máximo Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, expresó: “Hoy dejamos las armas para hacer política”, pero advirtiendo que les preocupa la “negligencia estatal” para cumplir su parte de los acuerdos, en especial para dar seguridad a los excombatientes de las FARC y a los dirigentes sociales que siguen siendo asesinados en todo el país -van 34 este año-, mientras se fortalecen los grupos paramilitares. El presidente Juan Manuel Santos, galardonado en 2016 con el Premio Nobel de la Paz, valoró el acto como el fin “de una guerra absurda” que duró más de cinco décadas y que dejó ocho millones de víctimas (la mayoría desplazados por la violencia) y 220.000 muertos. El proceso de dejación de las armas por las FARC fue complicado y contó con la participación de una misión de la ONU presidida por Juan Arnault y un equipo de observadores internacionales que verifica el desarme. Arnault dijo que el proceso de paz en Colombia ha sido exitoso e innovador y que recomendará a la ONU que recoja las enseñanzas que dejó para aplicarlas en otras partes del mundo. Los 6.803 guerrilleros concentrados en 26 campamentos de desarme instalados en el país entregaron un total de 7.132 armas. Esos campamentos, desde el 1 de agosto se convertirán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación en que los exintegrantes de las FARC recibirán talleres para empezar actividades productivas. Mas, los acuerdos de paz celebrados en todo el mundo, no lo han sido en igual forma en Colombia, donde la extrema derecha uribista ha tratado permanentemente de boicotearlos, bajo el argumento de que se legaliza la impunidad de los victimarios, queriéndonos hacer olvidar el paramilitarismo de las AUC, obra del uribismo por encargo de terratenientes colombianos para despojar a indígenas y campesinos de sus tierras; y del horror de los “falsos positivos”, patraña sucia por la cual las AUC cobraban recompensas del Ejército por dar muerte a campesinos a los que tildaban de “terroristas”.