Son antiguas las denuncias sobre corrupción vinculadas a la gestión del petróleo en el mundo. De todo ha sucedido en relación al codiciado hidrocarburo. No en vano se lo ha denominado excremento del diablo.

Lamentablemente, nuestra condición de país con yacimientos petrolíferos no ha escapado del triste fenómeno y cada vez con mayor frecuencia se conoce de funcionarios con bienes de fortuna impropios en relación con sus salarios, y se les descubre cuentas abultadas en paraísos “offshore” o dinero en efectivo escondido de diversas maneras.

Esas circunstancias han probado la validez de las denuncias y el valor de quienes las efectuaron. Frente a esa ahora inocultable realidad no cabe, dada la tremenda elocuencia de los hechos, que se pretenda justificarlos denominándolos como traición a la confianza depositada en los funcionarios inculpados o que eran de nombramiento anterior a los efectuados por el actual régimen.

Lo que cabe es asumir responsablemente la situación descubierta y escudriñarla a fondo, procurando evitar que pueda repetirse. Debe estar claro, por de pronto, que bajo ninguna razón de eficiencia administrativa es sano delegar en un gerente, por ejemplo: “la capacidad para que realice todas las contrataciones durante el paro de Refinería Esmeraldas, cuantas sean necesarias, hasta por el monto de (US$ 50’000.000.00) cincuenta millones de dólares...”.

Investido de esos y otros poderes especiales, uno de ellos suscribió contratos por 1.300 millones de dólares. Al respecto deberían de establecerse responsabilidades.

Lo que en cambio no puede hacerse, resulta al menos una deriva impropia, es ordenar la prisión preventiva de dos de los más incisivos críticos de la corrupción petrolera que, precisamente por atreverse a hacerla, ya estuvieron perseguidos y multados antes.

La medida, mal que se arguya la “independencia de la administración de justicia”, tiene el tufo repugnante de la venganza y por ello ha podido ser calificada como una “infamia” la decisión del juez, y permite señalar al abogado defensor de los perseguidos que “entregarse a una justicia como esta, sin ninguna independencia, no tendría sentido”.

Por lo demás, es notable la molicie con que se asume la corrupción en el Ecuador actual. Se la recibe como un hecho natural, propio de la gestión pública.