En algunos países crece el debate sobre la seguridad de la información personal, la posibilidad de los gobiernos para perseguir actividades criminales, aunque en muchas oportunidades se viole el derecho a la privacidad, y la vulnerabilidad que existe sobre la propiedad frente a los hackers. Parecería que en la cotidianidad ecuatoriana estos son temas muy lejanos, pero cuando se hacen públicas escuchas telefónicas como de la que fue víctima Martha Roldós, o la disposición de correos del director del Consejo de la Judicatura, sin que las contrapartes de comunicación estén involucradas en las revelaciones, el tema se acerca al ciudadano común. En Estados Unidos el punto de quiebre para algunos expertos como Anna Lysyanskaya, investigadora de la Universidad de Brown y Tim Edgar, asesor del presidente Obama en ciberseguridad, fue el año 2014, donde 13 millones de adultos fueron víctimas de robo de identidad. Esta cifra creció a 16 millones en 2016, provocando daños en la propiedad financiera y activos de estas personas, y la utilización de información confidencial para extorsión. Los expertos creen que gran parte de los problemas se pueden solucionar a través del “encriptado” de información. Hoy muchos de los mecanismos de comunicación como Whatsapp, Telegram y otros envíos de correspondencia electrónica están “encriptados”, lo cual los hace virtualmente invulnerables ante “hackeos”, no así dichos mensajes cuando son almacenados por sus emisores o receptores. La controversia en estos momentos se centra en el derecho que tienen los individuos para “encriptar” el almacenaje de su información, lo cual la haría invulnerable para ser accedida, pero tampoco podría ser escrutada por las autoridades que persiguen actos criminales (terrorismo, lavado de activos, narcotráfico), haciendo virtualmente impunes a los malhechores. En algunas jurisdicciones las legislaturas se aprestan a analizar leyes que impedirían cerrar herméticamente la información, con lo cual algunos defensores de los derechos civiles piensan que habrá muerto la privacidad. ¿Qué pensará de todo esto la Senain?