Defensor publico, una tarea complicada

La calidad de los defensores públicos fue cuestionada por la Judicatura. Fue a raíz de la observación que hizo el defensor público general, Ernesto Pazmiño, a unos 18 casos que, según él, recibieron ‘sentencias desproporcionadas’.

El presidente del Consejo, Gustavo Jalkh, dijo que habría que preguntarse “la clase de Defensa Pública que tenemos”.

Pero ¿quién escoge a los defensores? Lo hace el Consejo de la Judicatura a través de un concurso público, responde Pazmiño. La Judicatura dice que eso es verdad, pero solo desde 2015 cuando se convocó a un concurso. Antes esa potestad estaba en manos de Pazmiño. Él defiende la actuación de los defensores que ahora son 733 y tienen nombramiento. Antes era provisional.

Y la defensa de Pazmiño no es solo porque reciben casi el 50 % (2.300 dólares) del salario que percibe un juez o un fiscal (4.164 dólares), sino por la cantidad de casos activos que puede llegar a conocer cada uno.

Para mejorar sus salarios pidió en varias ocasiones la equiparación a lo que reciben jueces y fiscales. Dice que dejó de hacerlo cuando llegó la crisis.

En materia social, por ejemplo casos de alimentos, un defensor público puede llegar a tener hasta 500 casos activos o permanentes. En los juicios laborales la carga es hasta 250 expedientes. Mientras que en penal los defensores conocen entre 30 y 40.

Más de un millón de atenciones prestaron los defensores desde 2007 hasta el año pasado. Incluyen consultas, patrocinios en casos, entre otras peticiones.

En el concurso de 2015 de los 733 abogados públicos para Guayas se eligieron 193 y para Pichincha 220. Los demás se reparten en el resto de provincias.

¿Cuál es el origen de los defensores? Según los resultados del último concurso, 105 proceden de la Judicatura, 346 eran de la Defensoría con nombramiento provisional y 282 son de otras vertientes como Fiscalía y abogados en libre ejercicio.

Pazmiño reconoce que existen casos en los que los defensores no están debidamente preparados. Pero es cuando se pide su actuación por falta de un patrocinador privado. En esa clase de juicios es solo en un 2 % que se requiere al defensor público, señala. En el 98 % los procesados están debidamente asistidos. En la Corte Nacional hay seis defensores para esas eventualidades.

Cuando se han presentado esas asignaciones los defensores han pedido la suspensión de la audiencia hasta revisar el proceso. “Lo máximo que han concedido los jueces es 15 minutos”, recuerda Pazmiño.

El funcionario cree que no es fácil ser defensor público y menos en esta época. “Hay políticos que califican a los defensores como defensores de delincuentes, olvidando el derecho a la inocencia y el cumplimiento del debido proceso”, manifiesta.

La Defensoría tiene una oficina en la avenida Amazonas y Robles, en el centro norte de Quito. Ahí, de martes a jueves los funcionarios se reúnen para afinar las estrategias, indica Alicia Contero, coordinadora.

Diego Proaño, especializado en adolescentes en conflicto con la ley, inicia sus actividades a las 08:00 revisando la agenda de diligencias. Comenta que cuando son en la Fiscalía, por lo general, son reconstrucción de los hechos, recepción de versiones o diligencias técnicas en la que son llamados para que puedan velar por los derechos del adolescente investigado.