El Gobierno está dispuesto a detener sus operaciones militares en Esmeraldas, en la frontera con Colombia, para posibilitar la entrega de los cuerpos de los tres integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio.

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron secuestrados en Mataje, San Lorenzo, el 26 de marzo. El hecho fue atribuido a un grupo disidente de las FARC, denominado frente Oliver Sinisterra, liderado por Walter Arizala, alias Guacho. Su asesinato se confirmó el pasado 13 de abril.

Hasta ahora, los intentos por recuperar sus cuerpos han sido infructuosos. La semana pasada se difundió un comunicado, atribuido a ese frente, que pedía el cese del fuego para la devolución de los restos.

Ayer, Juan Sebastián Roldán, vocero del presidente Lenín Moreno, aseguró que cuando los narcoterroristas envíen la ubicación de los cuerpos, se retirarán las Fuerzas Armadas y la Policía para que la Cruz Roja Internacional cumpla la tarea humanitaria de recuperación.

El funcionario insistió en que el Gobierno ha entregado todas las facilidades para que se concrete esa entrega, pero que no hubo la voluntad del grupo disidente. “Son delincuentes que no solo jugaron con la vida de los compatriotas, sino que ahora quieren jugar con el dolor de las familias y del Ecuador para chantajearnos en términos de los cadáveres”, dijo.

Roldán aseguró que no existe la certeza sobre la veracidad del supuesto comunicado. Tampoco está prevista una negociación aún cuanto todavía hay dos ecuatorianos en manos de los terroristas: Óscar Villacís y Katty Velasco. “El Gobierno no dialoga con quienes no son fuentes oficiales y de ninguna manera confiables”, dijo.

Tal vez, por eso, la estrategia es reforzar el frente de seguridad. Ayer, los nuevos titulares de los ministerios de Defensa e Interior, nombrados el pasado viernes, se reunieron con el presidente Moreno. Fue su estreno al frente de una crisis que les costó el puesto a sus antecesores.

El flamante ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, aseguró ayer que “en las circunstancias en las que vivimos lo que nos corresponde es hacer respetar el territorio nacional ante cualquier grupo transnacional irregular que pretenda ofender o que pretenda infiltrarse en el suelo ecuatoriano”.

A su primer encuentro con la prensa, Jarrín se presentó en compañía del jefe Comando Conjunto, César Merizalde, y del subsecretario de Defensa, Washington Buñay. Esas dependencias, explicó, harán la planificación en función de la política de seguridad de la frontera norte que será emitida por el presidente.

El ministro anunció que solicitará una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). Habló de la necesidad de un diagnóstico de la situación de la frontera norte sobre la que se reformulará la política de ese sector. De esa evaluación se desprenderá la directiva de defensa nacional y la planificación respectiva a ser actualizada y revisada, anunció.

¿Otro cambio? La coordinación del sector de seguridad que estuvo a cargo del exministro del Interior, César Navas, pasará al Ministerio de Defensa que liderará el trabajo de FF. AA., Policía, Inteligencia y Gestión de Riesgos. Según Jarrín, debe haber un ‘adecuado liderazgo’.

La premura, sin embargo, está en la derrota de los grupos irregulares que amenazan la frontera. El ministro dijo que será necesaria la cooperación interinstitucional.

Destacó que no se puede obligar a Colombia a tener mayor presencia en la zona de frontera ni presionar internacionalmente. Insistió en que las operaciones que se cumplan serán en territorio ecuatoriano, pero abrió la posibilidad de cooperación, inteligencia y capacitación en Colombia, no en el ámbito militar.

Jarrín es un general retirado con amplia experiencia, fue ministro de Defensa en 2006.

La Policía estrena equipos de control migratorio

La anunciada cooperación internacional empieza a concretarse. El Laboratorio de Criminalística y las Unidades de Control Migratorio del Ministerio del Interior estrenarán equipos para la inspección microscópica avanzada de documentos de viaje y para la extracción de información de dispositivos móviles.

Fue una donación de la embajada de Estados Unidos en Quito, a través de su programa de Asistencia Antiterrorismo del Departamento de Estado. Según la delegación diplomática, esos equipos tienen un valor combinado de aproximadamente 87.000 dólares.

Los equipos, añadió en un comunicado, contribuyen a fortalecer la capacidad de los policías ecuatorianos del área de Criminalística y de los expertos en documentos de las Unidades de Control Migratorio, que trabajan bajo el Ministerio del Interior, para garantizar la seguridad del país y evitar el ingreso de sospechosos de terrorismo.

Robin Meyer, encargada de Negocios, a.i. de la embajada de EE. UU., resaltó que esta donación “evidencia una mayor cooperación con Ecuador en el tema de seguridad que se inició la semana pasada con la firma de dos acuerdos bilaterales”.