El crudo abre debate sobre los recursos a los gobiernos locales

Las asignaciones estatales a los gobiernos locales están de nuevo en el debate. El presidente Rafael Correa se encargó de colocar el tema en discusión luego de anunciar que piensa presentar una propuesta de reforma al Código de Ordenamiento, Autonomía y Descentralización (Cootad) para que las asignaciones estatales a los gobiernos locales (prefecturas, municipios y juntas parroquiales) por concepto de regalías petroleras se fijen con base en el precio real del crudo y no al estimado en el Presupuesto General del Estado.

El objetivo, según el propio mandatario, es “compartir el peso de las dificultades” económicas que atraviesa el país por el bajón del precio del oro negro. “Cómo se puede gobernar un país sin flexibilidad”, cuestionó Correa en un conversatorio en Archidona, provincia de Napo.

El primero en reaccionar fue el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot (PSC). “Las leyes son muy claras. Aprobado el presupuesto en materia de impuestos y petrolera, el porcentaje tiene que ir a los cabildos”. El artículo 192 del Cootad establece que los gobiernos locales participarán del 21 % de los ingresos permanentes (impuestos) y del 10 % de los no permanentes (regalías petroleras) del Presupuesto General del Estado.

El alcalde dijo que de las finanzas del presente año “estamos recibiendo cero por petróleo”. Nebot se refiere a que el costo de producción supera al de venta, por lo que no hay ganancias. Además, lanzó una advertencia al ministro de Finanzas, Fausto Herrera: “Cuidado quiera hacer recortes de lo que existe porque eso sería pretender darle forma legal a la apropiación indebida de parte de los impuestos”.

Para Ramssés Torres (SUMA), alcalde de Guaranda, es necesario hacer un estudio que analice la variable y así no perjudicar las finanzas de los gobiernos locales, especialmente los más pequeños. No obstante, de entrada le parece inconveniente que las finanzas locales fluctúen al vaivén del precio del petróleo. “Hay que ser más creativos en definir variables que no perjudiquen sino que beneficien a los territorios”.

Su par de Santa Lucía, Miguel Ángel Solórzano (PAIS), concuerda con él. “A los municipios pequeños nos golpeará muy fuerte”. Casi el 90 % del presupuesto de este cantón del Guayas depende de las transferencias estatales.

La medida, comenta Solórzano, lo obligaría a trabajar más fuerte en los ingresos propios, mejorar las recaudaciones y la actualización para el cobro de los impuestos prediales. “Con un bajón de esos, serían menos obras”.

El alcalde de Machala, Carlos Falquez Aguilar (PSC), considera que el pueblo debe ser consultado frente a una reforma de este tipo. Manifiesta su desacuerdo, ya que sería “un golpe directamente a la vena de los municipios (...) Entonces tendré que contratar a la gente con base en el barril de petróleo. Si tengo plata contrato. Y si no, no contrato”.

Quien sí comparte la visión presidencial es el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala (Centro Democrático Nacional). Primero precisa que “mal haría el contar con un dinero que no se recauda”, refiriéndose a las regalías petroleras, pero considera que si bien la propuesta de reforma afectará las finanzas de la institución, “hay que compartir el costo de la crisis”.

Esto los obligará a tener un presupuesto más flexible porque, acota, deben esperar hasta “mediados de año” para saber cuál será el recorte presupuestario para los gobiernos locales. “No solo estamos hablando del recorte por la baja del petróleo. El presidente habló de 200 millones de dólares más. Así que no sabemos a ciencia cierta cuál será el impacto”.