El dolor colectivo por la pérdida de Cristina Palacio aún perdura, manteniéndose tan intenso como hace siete años, cuando fue vista por última vez. La indignación, el dolor y la impotencia ante una justicia sorda a la voz de las víctimas hacen que esta historia no termine de contarse.

Cristina fue víctima de Carlos Alfonso Flores Santander, un hombre del que se sabe poco. Él la mató y pretendió deshacerse de su cuerpo como si fuera un objeto desechable, intentando hundirlo en el correntoso río Cuenca.

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A pesar de haber sido condenado en tres instancias, el femicida hoy está libre gracias a una serie de recursos judiciales a su favor. La familia de la víctima sigue llorando su memoria y reclamando justicia.

El 28 de marzo de 2017, Cristina salió de su trabajo en las oficinas del Ministerio de Industrias y Producción a las 17:00. Su destino era la Universidad Técnica Particular de Loja para realizar unos trámites de su colegiatura.

Esa tarde pidió cinco dólares entre sus compañeros de oficina para tomar un taxi, pero nadie pudo prestarle. A pesar de esto, se despidió y salió con la promesa de regresar para terminar su trabajo pendiente.

A unos 300 metros de su oficina, una cámara de seguridad registró cuando abordó el vehículo de Carlos, un Suzuki beige de placas ACA0869, y se marchó. Esto ocurrió cerca del edificio del ECU 911 y del Consejo de Seguridad Ciudadana.

Cerca de la medianoche, la familia de Cristina presentó la denuncia ante la Fiscalía del Azuay, ya que no habían tenido noticias de ella desde que salió de su oficina y su celular permanecía apagado.

En la madrugada del 29 de marzo, el celular de Bruna Salamea, prima de la víctima, sonó. María Dolores Machado, hermana mayor de Cristina, le dijo: "Brunita, ayúdanos. Sé que algo malo pasó. La Cris no aparece. Desde ayer el celular está sin servicio".

Ella, sin entender de inmediato, se tomó unos segundos para despertar. Estaba acostada junto a sus dos hijos pequeños y esposo. Esa noche todos durmieron en la misma habitación.

Lo siguiente que recuerda es que llamó a la gobernadora de la época, ya que trabajaba en el departamento de comunicación de la institución. Su objetivo era pedir ayuda para localizar a su prima.

La noticia comenzó a correr y Mónica Fajardo, excompañera de Cristina en el Ministerio, también se enteró de la desaparición a través de una llamada telefónica. Confiesa que el primer culpable que se le vino a la mente fue el novio de quien tanto conversaban en la oficina.

Cristina y ella fueron muy cercanas. En el Ministerio compartieron durante dos años y la describe como “risueña, ocurrida, amigable y con una risa contagiosa”.

“Nunca vi en Cris una señal que me alertara de que estaba en una situación de riesgo. Ella no mencionó sobre él (Carlos Flores) en ninguna ocasión. Si tan solo me hubiera dado una señal, la habría ayudado a denunciar”, dice Mónica con voz entrecortada, tratando aún de hallar una respuesta al violento actuar de Carlos.

Un video reveló que Cristina subió al vehículo de Carlos, lo que llevó a los agentes policiales a allanar la vivienda del culpable. En el lugar encontraron ropa, aretes y documentos personales de Cristina.

El 30 de marzo, Flores fue trasladado en una patrulla a la cárcel de Turi después de la audiencia de formulación de cargos en el Complejo Judicial del Azuay.

La búsqueda de Cristina se trasladó al río Cuenca. Por esos días, el afluente estaba crecido y correntoso por las constantes lluvias que caían en la ciudad. Bruna confiesa que encontrar a su prima parecía imposible.

Seis días después, la tarde del 3 de abril de 2017, el cuerpo de Cristina fue localizado en el embalse de Guachapala, ubicado dentro de la provincia de Azuay. Con esto, el proceso judicial se consolidó como un femicidio.

Carlos se conoció con Cristina en una compañía farmacéutica donde trabajaron juntos un par de años antes del crimen. Él era el mensajero. Sonia Salamea recuerda que él escribía con frecuencia y siempre de forma insistente a su hija.

Un hecho que da prueba de las llamadas y mensajes insistentes de Carlos está plasmado en una tesis de titulación de la carrera de Derechos, de autoría de Cecilia Garzón Crespo, de la Universidad Católica de Cuenca, que analizó “las causas que influyen en el cometimiento del delito de femicidio en la ciudad de Cuenca en el año 2016-2017”.

“… unos días antes (del crimen) el 14 de marzo él se manifestó en un mensaje telefónico que fue guardado y recogido por fiscalía en ese contacto Carlos Flores le propone dinero para que pose desnuda y que en ningún momento le haría daño a ella, y ella contesta que no”.

Las pruebas en su contra fueron suficientes para el tribunal. Ocho meses tomó el proceso judicial. Plantones, marchas y actos públicos exigían la máxima sentencia para Carlos. El miércoles 22 de noviembre de 2017 se leyó ‘Condena de 34 años y 8 meses por el femicidio de Cristina Palacios’ en una publicación de Diario El Comercio.

Con la sentencia, la familia de Cristina pensó que podría descansar y llorar su muerte. Pero lejos de que pase esto, Bruna confiesa que no han podido llorar ni vivir el duelo, porque la historia del femicidio de su prima recién comenzó con la condena de Carlos.

Sonia es la más visible en esta lucha de justicia. Ella se convirtió en la imagen de decenas de madres que perdieron a sus hijas víctimas del femicidio. Fundó la organización de las Familias Víctimas de Femicidio.

Durante el 2023 su rostro volvió a ocupar varios titulares. Tras cinco años y 11 meses del femicidio de Cristina, se puede ver en ella que el tiempo pasó. Las canas pintaron su cabello y los años se acumularon en sus ojos.

Un semblante pálido, cabello cano, mirada adornada con delineador, sombras y rímel, es el rostro de la lucha por justicia. Sonia quiere que el caso de su hija se cierre definitivamente y que Carlos cumpla su sentencia completa, así lo repite una y otra vez en medios de comunicación y en reuniones con las autoridades.

Flores permaneció encarcelado por cinco años, 11 meses y dos días. Un recurso de hábeas corpus presentado el 25 de enero de 2023 y otorgado por la jueza de Montecristi Gina Zambrano, ahora destituida de la Función Judicial, adelantó su salida de la prisión al 2 de marzo del mismo año.

La liberación de Carlos fue para “precautelar el derecho a la salud” y que pueda recibir “tratamiento médico oportuno”. Además, se estableció que debía presentarse en la unidad judicial todos los 15 y 30 de cada mes.

Pero las fechas pactadas nunca se cumplieron. Un día después de su excarcelación, la misma jueza de Montecristi dejó sin efecto la medida y ordenó que sea regresado a prisión. Para ese momento el femicida había huido y su paradero es desconocido hasta la actualidad.

Considerado prófugo de la justicia, su nombre fue ingresado a la lista de los más buscados de Ecuador por delitos de violencia de género en julio de 2023, es decir, 145 días después de su liberación.

Los registros públicos guardan escasos datos de él en plataformas digitales y redes sociales, pero lo poco que existe muestra lo “relacionada” que es su familia y allegados.

Carlos es hijo de Oswaldo Flores, exdiputado por la provincia de Azuay y prefecto encargado por Marcelo Cabrera cuando se postuló a la Alcaldía de Cuenca, el 16 de agosto de 2004.

Hay el registro de su título de bachiller en Ciencias que lo obtuvo en la Unidad Educativa Juan Pablo II, en 2014.

La página de la Empresa Pública de Movilidad de Cuenca conserva dos multas de tránsito, en 2016, por desobedecer la señal del agente de tránsito. Las dos son a bordo del vehículo que utilizó para llevar a Cristina el día que la asesinó.

Su número de RUC, suspendido según información del Servicio de Rentas Internas, muestra una dirección: calle Abraham Barsallo s/n y Manuel Ochoa.

Esta ubicación es el lugar donde ocurrió el femicidio de Cristina. Una casa en una calle sin retorno, frente al parque La Gorgona perteneciente a la parroquia Yanuncay. Donde en la actualidad consta como sede de la Fundación Ama Nacer, de propiedad de la viceprefecta de Azuay, Alexandra Quintanilla, una organización que trabaja en la reinserción de personas privadas de libertad.

Ella tiene un parentesco de afinidad con el femicida por una relación sentimental de sus respectivos padres. EXPRESO intentó dialogar a profundidad por varios meses con la viceprefecta, y la única respuesta que dio fue que su fundación “no ha sido por un trabajo directo con él, sino por la trayectoria en causas sociales” y que siempre estuvo en contacto con los privados de la libertad.

En la página de Facebook de la fundación se observan varias fotografías del trabajo con los privados de libertad de la cárcel de Turi y de Azogues, cárcel donde permanecía Flores.

Para Sonia desde 2020, año de creación de la fundación, ‘Ama Nacer’, se acercó lo suficiente a Carlos Flores, que incluso se benefició de un primer recurso judicial, previo a su excarcelación, para ser trasladado a la cárcel de mínima seguridad de Azogues, en Cañar.

Este hábeas corpus fue extendido por la jueza Verónica Toledo.

Y lejos de aceptar el crimen cometido, Flores continúa intentando librarse de su sentencia. Desde la clandestinidad interpuso un recurso para que su condena sea revisada.

La Corte Nacional de Justicia dio paso a este recurso extraordinario y por dos ocasiones (agosto y septiembre de 2023) se difirió la fecha de la audiencia pese a que en el proceso se puntualiza que de no presentarse las partes interesadas se declarará el “abandono del recurso”.

Finalmente, en diciembre de 2023 se llevó a cabo la audiencia el 5 de diciembre de 2023. Este recurso fue desestimado por el tribunal y se dejó sin efecto la posible anulación del juicio.

Sin embargo, aún hay un tema pendiente. Sonia espera que se logre difundir la alerta roja por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que Flores sea capturado y regresado a Ecuador y que termine de cumplir su condena de 34 años.

Sonia se siente cansada de nadar contra la corriente y ser testigo de una justicia que no termina de llegar para el crimen de Cristina. Incluso ha sido señalada como perseguidora del femicida de su hija por buscar que pague por su delito.

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