La crisis por el terremoto domina cita ministerial
Fue un pedido de la oposición después del terremoto: que se eliminen los enlaces ciudadanos para reducir el gasto público. Cada transmisión cuesta 30.000 dólares. El Ejecutivo se negó la posibilidad de suspender ese espacio. Desde esa fecha, sin embarg
El Gobierno aún tiene varios pendientes para resolver la crisis creada por el terremoto del 16 de abril. Uno de ellos, la situación de las personas que se niegan a vivir en los albergues, aunque perdieron sus viviendas.
¿Cuántos son? Ese es un dato que recién se conocerá tras el censo que debe completar el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). Ese trabajo, según dijo el miércoles el director José Rosero, empezará el lunes.
El presidente de la República, sin embargo, ya sabe qué pasará con ellos. “Hay que aplicar firmeza y la ley. Tendrán que ser reubicadas esas personas”, dijo ayer. Fue al inicio de la reunión del gabinete ministerial que se desarrolló en el Palacio de Carondelet.
Según el mandatario, los damnificados no pueden simplemente quedarse entre los escombros de sus viviendas. “Esto no es la carta”, señaló.
Durante la reunión, las autoridades pasaron revista al paquete de incentivos económicos que el Gobierno entregará a las familias albergadas así como las medidas para la reconstrucción de viviendas. Medidas que fueron explicadas en la edición de EXPRESO del viernes.
“A los que perdieron viviendas se les va a dar casas, siempre con la corresponsabilidad”, insistió el vicepresidente Jorge Glas, según recogió la agencia oficial Andes.
El terremoto fue el tema que dominó, al menos, la primera parte de la cita ministerial. Allí, Correa también volvió a su tesis de fortalecer el control en las normas de construcción.
“Tenemos que ser muy firmes, no podemos ser cómplices de futuras desgracias. Esta desgracia hubiera sido mucho menor si se hubieran cumplido las reglas y las normas de construcción”, explicó.