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La crisis institucional llega al punto algido

La convocatoria a consulta abre otro frente. Puede agravarse si la Corte Constitucional desconoce la decisión de Moreno.

Delegación. Johana Pesántez y María Alejandra Vicuña fueron recibidas por Fausto Holguín, secretario del CNE.

La institucionalidad en turbulencia. La incertidumbre que se esparce sobre algunas instituciones del país llega a un punto álgido con la convocatoria a la consulta popular que ayer oficializó el presidente Lenín Moreno, saltándose el dictamen previo de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Lo hizo acogiéndose al término del plazo de 20 días establecido en el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para que la Corte emita su dictamen, sino se entiende como favorable.

Parte del debate ahora está sobre la constitucionalidad o no de los decretos, pero Santiago Basabe, analista político, catedrático universitario y doctor en Ciencias Políticas, lo lleva al abono de estos al clima de tensión institucional. “Desafortunadamente a esta incertidumbre colabora, quizás inintencionadamente, el presidente Moreno quien apenas vencieron los plazos legales debía dictar el decreto ejecutivo y no esperar tanto. El esperar hasta el día de hoy (ayer) aumentó esa tensión e incertidumbre”.

Dejar sin piso los dictámenes de la Corte Constitucional es el reciente episodio de un ambiente de tensión que inició en la Asamblea Nacional y que dividió al bloque de PAIS entre correístas y morenistas. Siguió con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuya permanencia de sus miembros, ahora con la convocatoria, irá a decisión de los ciudadanos. Y continuó en el Consejo Nacional Electoral y la duda sobre la permanencia o no de tres de sus miembros, cuyos periodos terminaron ayer, y la división de posturas entre los dos restantes sobre si enviar o no a un delegado que avale la Convención Nacional de PAIS. La mayoría de estos quiebres vienen contagiados por la división dentro del movimiento que gobierna desde hace una década.

No obstante, hay un escenario que puede agravar este panorama aún más: que la Corte Constitucional continúe con el trámite y emita un dictamen desfavorable desconociendo los decretos de Moreno. Para el constitucionalista Stalin Raza, eso puede empeorar la tensa relación que ya, a su criterio, existe entre el Ejecutivo y la Corte. “La Corte tenía en sus manos la responsabilidad de cumplir con la obligación que le imponía la Constitución y la ley y no lo hizo. Así que el Ejecutivo ve los hechos y lo que ha pasado es que se cansó de esperar e hizo lo que la ley lo faculta. En este rato hay tensión”, expresó el experto a este Diario.

Raza, a diferencia de Basabe, cree que la decisión presidencial no apuntala la ya delicada situación institucional. Considera que lo que hace es reforzar la posición de Moreno de aplicar la ley independientemente de las posiciones políticas. Con él concuerda el también constitucionalista y exmiembro del extinto Tribunal Constitucional, Enrique Herrería. “El presidente está buscando reinstitucionalizar el país, que vuelva al cauce de lo que debe ser el Estado de derecho”, comentó a EXPRESO.

Sin embargo, salta la duda para algunas voces sobre el verdadero fin de esa reinstitucionalización cuando Moreno comenta públicamente, al estilo de su antecesor, sobre lo que debía o no hacer una institución como la Corte Constitucional que se supone independiente de tomar sus decisiones. Aquí cabe la pregunta: ¿existe el riesgo de que la tensión en algunas instituciones del país tiene como fin cambiarles la etiqueta de correístas a morenistas? “Hay ese riesgo”, responde Herrería. “A pesar de los riesgos que pudiera presentar que haya un traslado de la subordinación de las funciones del Estado al actual presidente, bien vale correrse el riesgo, apelando que el presidente Moreno entienda que el respaldo del que goza ahora es porque el pueblo demanda más democracia”.

Las instituciones en tensión

El CNE

En funciones prorrogadas

¿Se quedan o se van? La duda sobre la permanencia o no de tres vocales del Consejo Nacional Electoral fue el primer remezón, aunque un pronunciamiento del procurador Diego García avala su permanencia. El segundo vino por la Convención Nacional de PAIS.

El cpccs

Una labor cuestionada

La consulta popular abrió el ambiente de tensión en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), ente cuestionado por la elección de autoridades de control afines al anterior Gobierno. Una de las preguntas busca destituir al Consejo y nombrar uno de transición.

La Asamblea

Los divide Glas y la consulta

Primero, el juicio al vicepresidente Jorge Glas. Segundo, la consulta popular. Son los dos temas en los que no logra ponerse de acuerdo el bloque de PAIS en el Legislativo y que ahora está dividido entre morenistas y correístas. La fracción llegó a las altas esferas del movimiento.

La Corte

Dos decretos sin dictámenes

El silencio de la Corte Constitucional (CC) empujó al presidente a pasar sobre esta y convocar a la consulta popular sin sus dictámenes. No hay un pronunciamiento de la Corte sobre los decretos. Se entiende que debería acogerlos y abstenerse de emitir un fallo. No se sabe.

DATOS

Constitución del 2008.

En la asamblea de Montecristi, los legisladores de Alianza PAIS defendieron el cambio del modelo. Dijeron que era para evitar la politización en las entidades.

Designaciones

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue creado, se dijo, para hacer la despolitización de los organismos de control.

Audiencias

La Corte suspendió su labor

Nadie sospechaba lo que se acercaba. La Corte Constitucional dedicó la mañana de ayer a escuchar a los terceros interesados en las dos preguntas de la consulta popular.

La jueza Marién Segura debía tomar estos insumos como parte de su análisis para plantear un proyecto de resolución al Pleno de la Corte. Habría tenido 10 días laborables para hacerlo. En la audiencia de ayer participó, entre otros, la líder waorani, Alicia Cahuilla, que pidió parar la explotación minera.

La diligencia fue suspendida tras el anuncio de los decretos presidenciales.

CRR