Su peinado y vestimenta punk no advirtió ningún peligro. Es la moda, se dijo por dentro el muchacho y continuó esperando el bus para dirigirse a su colegio, sin detener su atención en la mujer que se le acercaba sigilosamente. El reloj corría por las siete de la mañana de aquel 27 de noviembre cuando, en un santiamén, el cosquilleo de un filudo cuchillo congeló el tiempo. El peligro emboscaba la parada de Sauces 9, un conocido sector residencial y comercial del norte de Guayaquil.

Pepe no sabía si actuar o quedarse quieto ante la amenaza. Pero la adrenalina de sus 15 años de edad le ofrecieron resistencia al pedido intimidante de la asaltante. El adolescente no estaba dispuesto a entregar los 25 centavos de dólar que llevaba para trasladarse a sus clases y mucho menos el celular. Lo más sagrado para un chico de su edad.

A pocos metros, la vecindad advertía la escena y, en cuestión de segundos, una avalancha de transeúntes y moradores fueron en auxilio del colegial.

La atacante terminó atacada y detenida por el intento de robo.

Como ella, en promedio diez mujeres son detenidas a diario en alguna parte del país, por estar inmersas en delitos.

Al 31 de octubre del presente año, la población penitenciaria femenina se situó en 2.871 privadas de libertad (ppl), según el reporte mensual del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Cinco detenidas más que en el mismo periodo de 2017, que a esa fecha contaba con 2.866 ppl. El año cerró con un total de 2.904 mujeres tras las rejas: entre procesadas y sentenciadas. Una cifra muy por debajo de la población carcelaria masculina: 33.838 hombres detenidos el año pasado. En lo que va de este año (hasta octubre), llegan a 35.236.

De las 2.871 detenidas a nivel país, el 38 % está en el CRS de Guayaquil, donde la población penitenciaria femenina creció de 842 ppl en enero a 914 en octubre de 2018, por delitos como robo, drogas, hurto, ingreso de objetos prohibidos a las cárceles, entre otros.

Históricamente, la criminalidad femenina se asociaba sobre todo con sustancias sujetas a fiscalización, es decir al tráfico de drogas (mulas del narcotráfico); pero en los últimos años se escribe una nueva historia: nos encontramos con mujeres que andan con armas de fuego y están inmersas en delitos contra la propiedad, otras en organizaciones delictivas que buscan copiar perfiles masculinos en cuanto a la agresividad, explica César Peña Morán, fiscal de Personas y Garantías del Guayas.

Según el funcionario, la delincuencia busca aprovecharse de lo garantista de nuestra Constitución, especialmente con los grupos vulnerables.

“La delincuencia está a la caza de niños, adultos mayores o con enfermedades catastróficas. Así, a una mujer embarazada no se le puede dictar una prisión preventiva. La misma tiene que ser sustituida, como dice el Código Orgánico Integral Penal”, explica Peña.

Pero es justamente esa vulnerabilidad, como el embarazo, lo que las mujeres delincuentes aprovechan para cometer delitos. “También existen casos en los que han dado a luz y con el certificado llevan al bebé (ante el juez) y por las circunstancias de la ley y la Constitución cometen delitos y en lo posible evaden a la justicia”.

Así ocurrió el pasado 8 de noviembre con Nayelly Solange, una joven de 18 años de edad y cinco meses de gestación. Ante su embarazo, el fiscal se vio imposibilitado de pedir la prisión en contra de ella por el delito de porte de arma de fuego.

El juez ordenó que se presentara cada 72 horas y prohibió su salida del país.

Ese día, la mujer fue detenida por agentes de la Subdirección de Investigación de Delitos Contra la Propiedad (Sidprobac-Modelo), en las calles Boyacá y Chiriboga, en poder de un revólver calibre 38 y un celular.

La mujer se dedicaba a cometer delitos de asalto y robo a personas en el centro de Guayaquil, según investigaciones policiales. Una detención similar se efectuó en Playas, con Ligia Maribel, quien era requerida desde 2013. La policía señaló que la sospechosa almacenaba armas de fuego que eran alquiladas a organizaciones delictivas para el cometimiento de delitos.

Para Peña, muchas de las detenidas dicen que delinquen por necesidad, “pero lo que no quieren es trabajar y buscan la comodidad, que es diferente al estado de necesidad”.

El delito como una fuente de subsistencia para la familia

Una investigación publicada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), bajo el título ‘Mujeres con pena privativa de libertad, quiénes son y cómo viven en una cárcel de Ecuador’, concluye que el encarcelamiento de mujeres “representaba el resultado final de un camino marcado por la vulneración de sus derechos, la violencia, la marginación y, finalmente, el error, al transgredir las normas que la ley sanciona con cárcel”.

El estudio se realizó en 2016, en un Centro de Rehabilitación Social de la región interandina, cuya población penitenciaria oscilaba entre los 18 y 57 años de edad. El grupo ya sentenciado se caracterizaba por su juventud. El 44,9 % de ellas tenían 25 años o menos y el 89,8 %, 35 años o menos. El 58,1 % eran solteras, el 33,9 % convivían con una pareja en unión libre antes del encierro, el 4,8 % estaban casadas y las demás (3,2 %) eran mujeres divorciadas o viudas. De las que se habían casado o unido más de una vez, el 72,3 % sufrieron violencia en sus relaciones de pareja (INEC 2013).

Se reveló, entre otras cosas, que algunas buscaron en el ejercicio del delito una fuente de generación de ingresos económicos para su subsistencia y la de sus familias.