Crece la lista de leyes que iran a una reforma

Llevan quince días en sus cargos y tienen claro que varias leyes, aprobadas en la década pasada, necesitan reformas. La iniciativa nace incluso del bloque de asambleístas de Alianza PAIS.

En la lista están incluso aquellas que se aprobaron por mandato de la Constitución de 2008. La oposición exige, por ejemplo, cambios en la ley de agua o la derogatoria de la de Comunicación. Desde el oficialismo nace también una propuesta para reformar el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).

Será una tarea de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Esa norma fue aprobada en 2010 y ha tenido, al menos, ocho reformas (ver gráfico).

El presidente de esa mesa legislativa, el oficialista Montgómery Sánchez, cree que “cuando se la creó estaba muy bien, pero hoy es necesario revisarla”, dijo a EXPRESO.

La prioridad está en la provisión de servicios básicos. Hay municipios, prefecturas y juntas parroquiales que tienen ese servicio, pero de mala calidad. Esto afecta a la salud de los ciudadanos, explicó.

Según la Comisión de Gobiernos Autónomos, la reforma permitiría incluir fuentes de financiamiento alternativas para solucionar este problema.

Otra modificación será clarificar las competencias en los tres niveles de gobierno local. Por ejemplo, en temas productivos y de riego las instancias provinciales y parroquiales tienen competencias parecidas.

En vialidad, las parroquias tienen competencia solo si firman convenios con otros niveles de gobierno.

Esta semana, EXPRESO recogió un pedido de varios sectores de la oposición para que se analice la posibilidad de dar mayores competencias a los municipios en materia de seguridad, por ejemplo, en ciudades como Guayaquil.

Por ahora, la comisión no ha considerado ese tema.

Los GAD no tienen presupuesto para ocuparse de esa nueva tarea, explicó el presidente de la comisión.

Tampoco está en su jurisdicción competir con el trabajo de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Además, los gobiernos seccionales ya tienen bomberos, agentes de tránsito y policías metropolitanos, comentó a este Diario Raúl Auquilla, de CREO-SUMA e integrante de esa mesa legislativa.

Según él, eso sería “descabellado” y se requiere mucho cuidado con entregar el control de la seguridad pública a entidades de carácter seccional.

Para Auquilla, “sería parecido a la propuesta del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana que creará un cuerpo civil armado para cuidar a las altas autoridades del Gobierno”, subrayó.

Jimmy Candell, del movimiento peninsular Creyendo en Nuestra Gente, que es parte del bloque opositor Integración Nacional, cree que los municipios ni siquiera pueden manejar “el tránsito, peor la seguridad de una ciudad”.

Promesa de campaña

Ley de Desarrollo Fronterizo

La Ley de Desarrollo Fronterizo fue aprobada por la Asamblea en enero de 2012. Sus ejes eran el desarrollo de los pueblos fronterizos, la integración y la promoción de una cultura de paz y de buena vecindad.

Sin embargo, tres meses más tarde el Ejecutivo vetó totalmente esa ley. ¿La razón? Sus normas ya habían sido recogidas por otras leyes, explicó en la objeción el expresidente de la República, Rafael Correa.

Pero en la nueva Asamblea, la Comisión de Gobiernos Autónomos decidió elaborar un proyecto en conjunto para el sector fronterizo norte y sur, afectados por la crisis económica. Además, es una promesa de campaña del presidente Moreno.

Javier Cadena, del Movimiento Social Conservador del Carchi e integrante de esa comisión, recordó que la Constitución determina un trato preferencial y prioritario para las zonas fronterizas, dijo.