Al ser detenido y cruzar las puertas de la Penitenciaría del Litoral existe un grillete invisible que sentencia a la familia de una Persona Privada de Libertad (PPL) que no tiene un “padrino que lo cuide” y que este impida que sea extorsionado por las mafias que operan ahí.

Grace (nombre protegido) es una de las 27 madres de familias que se han unido en un colectivo para exigirle justicia al Estado ecuatoriano y la que se animó a dar su testimonio en vista de la desesperación por no poder costear lo que exigen desde el interior de la cárcel. Ella entregó en una semana aproximadamente mil dólares y de ahí comenzó la eterna lista de demandas.

Lo primero es pagar $500 para que sea aceptado en un pabellón, lo que resulta contradictorio porque si no tienen sentencia condenatoria ejecutoriada y solo una prisión preventiva debe ir al área denominada Transitorio hasta que se demuestre su culpabilidad o inocencia, en ese lugar también deben estar los que van a recuperar su libertad debidamente organizados.

Según los registros oficiales, solo habitan 12 personas en el área Transitorio del también llamado Centro de Privación de Libertad Guayas 1. 

Realidad cuestionada por la Organización de Estados Americanos (OEA) que emitió un informe en 2022 y señaló a Ecuador porque cerca del 50% de la población carcelaria no tiene condena y estaba desorganizada en su segmentación. Lo que generaba tensión para desencadenar una nueva masacre en cualquier momento y la permanencia de las extorsiones.

Lo siguiente en la lista de pagos que se obliga a cancelar es la vestimenta; son $60 para el uniforme que debe proporcionar el Estado: la camiseta naranja, pantaloneta azul, tres interiores    y tres pares de medias, pero es ‘comercializado’ por los integrantes de las organizaciones delictivas. Le sigue la compra de zapatillas que tienen un valor mínimo de $10, “porque zapatos de lona son mucho más caros y van desde $30, según el modelo” comentó Grace.

Adicional a ello tiene que entregar $25 para el kit de aseo, que incluye una porción de papel higiénico, un sachet de champú y jabón. Aparte es la compra del cepillo de dientes y la crema dental. Luego se agrega $ 200 por la supuesta seguridad para el reo, que se permite cancelar de forma semanal, quincenal o mensual.

Para temas de comunicación hay que dar $ 25 semanales por el uso del wifi, con ello se permite dos horas de internet por día, pero para videollamadas de WhatsApp. Si se desea un teléfono personal deben pagar desde $200 por celulares básicos como para mensajería de texto y de llamadas de voz.

Además, el jefe de cada ala del pabellón entrega pasando siete días un litro de desinfectante, otro de cloro y de detergente para la limpieza del lugar y de su ropa, lo que significa un pago más de $25.

Todos los rubros deben hacerse por transferencia bancaria o por depósito. No obstante, el cobro no termina ahí, porque se debe pagar $2 por el uso de la cuenta y si el monto de la transacción pasa de $20, el ‘derecho del uso de la cuenta” incrementa a $6. En la cárcel no hay entrega de dinero en efectivo.

Diario EXPRESO solicitó el pasado 23 de febrero del 2023 al Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI)  una entrevista con su titular, Guillermo Rodríguez, para que explique por qué los implementos que el Estado debe dar a los privados de libertad como productos de aseo, limpieza, uniforme y más son comercializados directamente por las bandas que operan en el interior de la cárcel y sobre más irregularidades detectadas, pero puntualizaron que por cuestiones de “agenda en territorio” no podían conceder el espacio solicitado y que desde que asumió el cargo en octubre de 2022 no se ha generado una agenda de medios para conceder entrevistas.

En vista de ello, este periódico pidió también al SNAI el detalle de las acciones ejecutadas para combatir las extorsiones al interior del penal y se limitó a contestar que ha trasladado en 2022 a   2.977 convictos y que dentro de ese número hay casos de extorsión, sin especificar cuántos.

De acuerdo a la Policía Nacional, una de las principales razones de las 13 masacres carcelarias es la disputa de territorio para extorsionar a la población congregada en los pabellones, además de ordenar crímenes de diferentes tipos en las ciudades.

De hecho, luego de la masacre del 9 de mayo de 2022 dada en Santo Domingo y que dejó 44   fallecidos, las autoridades reconocieron que los enfrentamientos entre Los Lobos y R7 fueron debido al rechazo de los traslados de reos desde las cárceles de Guayaquil y Cuenca a ese reclusorio.

Asimismo, se pidió una entrevista con la ministra de la Mujer y de Derechos Humanos, Paola Flores, quien preside el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, ente encargado de generar las políticas públicas para el ordenamiento y correcto funcionamiento de las 33 prisiones, pero denegaron la opción.

También se envió un requerimiento de información ante la negativa para conceder un espacio de entrevistas y se solicitó el detalle de las sesiones del organismo, al menos en 2023 y qué medidas han desarrollado para erradicar las extorsiones en la cárcel y la vulneración de derechos humanos, pero hasta el cierre de esta edición no emitieron respuesta al pedido.

El hijo de Grace tiene 22 años y lleva apenas un mes en el reclusorio. En cuatro semanas ya fue  “castigado” varias ocasiones por no conseguir de forma inmediata el dinero exigido. Por cada día de atraso son $10 que se suman a la deuda por pagar.

El primer castigo consiste en  poner al reo arrodillado con el rostro en el piso y las manos atadas a la espalda lo más alto posible mientras es golpeado con cuartones. El objetivo es dejarlo inmóvil durante ocho días y sin atención médica a las heridas o lesiones que pueda contraer. Luego de eso incrementan el nivel de tortura.

El abogado penalista Julio César Cueva recomienda por el momento a las familias denunciar ante la Fiscalía para iniciar un proceso legal, el cual servirá como fundamento para solicitar un cambio de prisión.

“Poner los números de cuenta y que se pida la información al banco para corroborar las transacciones realizadas, adjuntar las papeletas de depósito y pedir al juez de garantías penitenciarias el traslado del PPL por el riesgo de vida que sufre”.

No obstante, resalta que esa no es la solución definitiva al problema porque se trata de temas de corrupción, institucionalización y aplicación de la soberanía del Estado.

Grace ha intentado denunciar junto a otras familias perjudicadas en varias ocasiones, pero “se cae todo” porque alguien del gremio es amenazado con panfletos, vigilancia con vehículos sospechosos en los exteriores de sus casas, tiroteos y luego de ello desisten de la iniciativa.

“Los derechos humanos no solo son para el delincuente y me duele decirlo porque uno de esos es mi hijo, pero ¿dónde están los derechos de los que tratamos, quienes nos esforzarnos por trabajar, por hacer algo decente? Para que ellos se lo lleven en un abrir y cerrar de ojos porque cuesta la vida de alguien, ellos no solo se creen dueños de los pabellones, sino de la vida de los que están ahí y de los que están afuera”.