Más de 60 artículos violados en leyes, reglamentos y resoluciones. Sin contar otro cúmulo de normas de control internas que fueron inobservadas. La aprobación de planificaciones anuales, pese a registrar inconsistencias,evaluaciones dudosas, incumplimiento de las metas establecidas, la contratación de un sistema virtual de casilleros constitucionales cuyo uso no se evidenció, fallos fuera de tiempo legales,un expediente extraviado y la lista sigue.

Estas son algunas de las conclusiones que revela la auditoría de gestión de la Contraloría a los procesos administrativos de la Secretaría General y de los jueces de la Corte Constitucional entre el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018, periodo en el que fue presidida por Patricio Pazmiño y Alfredo Ruiz.

Entre las conclusiones más significativas de la auditoría, solicitada por la actual Corte encabezada por Hernán Salgado y cuya aprobación fue el pasado 24 de enero, están que la Corte que operó durante la década del correísmo emitió fallos fuera del plazo legal, algunos incluso años después de que la fecha tope feneciera. Es el caso de un pedido de sentencia de constitucionalidad a un pedido de consulta de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua en 2012. La Corte tenía 20 días para pronunciarse, si no se entendía como aprobado, pero lo hizo 1.586 días después disponiendo la devolución del pedido al Consejo Electoral por no cumplir con los requisitos formales, según el informe de la Contraloría.

No solo eso. La Corte se fijó metas tan altas e inalcanzables como despachar el 100 % de las causas tramitadas frente a las ingresadas, de acuerdo a su planificación estratégica entre 2015 y 2018. Llegó al 61,9 %.

Una de las exjuezas (cuyo nombre no se revela en el informe), a través de un comunicado con fecha 9 de diciembre de 2019, comenta a los auditores, a modo de justificación, “que ninguna entidad estatal cumple con las metas esperadas y exigidas del 100 %, quedando en deuda con la ciudadanía”, pese a que el cuerpo colegiado aprobó establecerse la barra alta. Y como este tipo de argumentos hay otro como el del procurador judicial de otra exjueza (cuyo nombre tampoco se revela), quien aseguró que no pueden exigirse un 100 % de cumplimiento porque los planes tienen margen de error, sin embargo esa misma exjueza en su informe de cuentas presentado al Consejo de Participación Ciudadana transitorio “demostró el cumplimiento íntegro a nivel individual de los objetivos estratégicos institucionales”.

Existía un plan estratégico aprobado con inconsistencias y, por ello, las evaluaciones a los jueces fueron parciales, sumado al temor manifiesto a perder su trabajo de quien debía evaluarlos, el secretario general. Según la auditoría, el entonces funcionario calificó a esa ingrata labor como un proceso de “altísima complejidad” y que ningún funcionario estaría dispuesto a hacerlo so pena de poner en riesgo su estabilidad emocional y laboral. Lo que rechaza el informe, porque “existían los indicadores para evaluar a los jueces... debía aplicar dichos indicadores”.

Este tipo de gestión llevó a la Corte también a malgastar recursos económicos. Más de 65.000 dólares fueron invertidos en un sistema virtual de casilleros constitucionales cuyo uso no se evidenció.

Enrumbar a la institución es lo que la actual administración busca. Evalúa con buenas cifras su primer año. Le falta otros ocho.