Un mal sin cura. La corrupción en los Centros de Rehabilitación Social (CRS) se presenta como uno de los problemas más graves que enfrentan las cárceles del país, seguido del hacinamiento de la población carcelaria que bordea el 42,84 %.

El incumplimiento a las normas no solo se evidencia en los llamados ppl (personas privadas de libertad) o sus familiares, sino hasta en ciertas autoridades penitenciarias que en ocasiones han sido los facilitadores de objetos prohibidos.

El pasado sábado, el Ministerio de Justicia inició una investigación para identificar a los responsables de la intoxicación de un grupo de internos del CRS de Latacunga, tras ingerir alcohol artesanal. Tres de ellos fallecieron, mientras que un cuarto permanece grave.

Las autoridades buscan establecer cómo y quién ingresó el licor, que está dentro de una lista de objetos y sustancias prohibidas en las cárceles.

Los resultados de los operativos policiales reflejan la vulnerabilidad que existe en los filtros penitenciarios. “Cada vez que hacemos requisa encontramos celulares, droga, puntas, etc.”, reconoce Gina Godoy, coordinadora zonal 8 del Ministerio de Justicia, a cargo de los CRS.

Según la funcionaria, cuando han identificado a quienes incumplen la ley lo han procesado inmediatamente.

Desde el 1 de junio, fecha en que inició su administración, se han iniciado acciones penales en contra de un guía penitenciario, un servidor del Ministerio de Justicia, un conductor del camión de comida, un servidor del Ministerio de Salud; entre otros funcionarios, por incumplir las reglas. Algunos han sido detenidos luego de pasar determinados filtros de control.

Uno de los casos más notorios fue la de 15 ppl de Guayaquil que tenían en su poder celulares, cargadores y hasta droga. Lo más impactante fue la detención de la directora del centro, quien guardaba en su oficina objetos prohibidos. Fue acusada de vender celulares y tener una bodega en su despacho para ciertos objetos que facilitaba a las reas. La funcionaria señaló en ese entonces que aquello había sido requisado anteriormente.

Sin embargo, Godoy menciona que estadísticamente la mayoría de objetos prohibidos son pasados durante la visita de familiares. Considera que el problema se origina por la falta de educación.

Un problema que aumenta con el hacinamiento. El Ministerio de Justicia ha tomado algunas medidas para paliar la situación: la construcción de nuevos pabellones, el traslado de reos a cárceles con menos población, libertad condicional o dispositivos electrónicos. De la penitenciaría han migrado 400 reos a la Regional, en los últimos 6 meses.

Según Godoy, en enero de 2018 se tiene previsto la construcción de un pabellón en el CRS de Mujeres, con capacidad para 110 ppl. Una cifra que puede duplicarse. “Si hay dos literas, podemos poner dos colchones al lado de ellas y pueden entrar dos personas más. Lamentablemente la población carcelaria crece a un ritmo que no crece la infraestructura”.