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El correismo dice “no” a la eliminacion de pensiones a exfuncionarios

La Asamblea debate entre eliminar totalmente las pensiones vitalicias o ajustar el pago para exautoridades específicas.

La Asamblea debate entre eliminar totalmente las pensiones vitalicias o ajustar el pago para exautoridades específicas.

Es una carga de más de un millón de dólares al año. Hoy, 23 de octubre de 2019, la comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional conoció las propuestas para eliminar las pensiones vitalicias que tienen los expresidentes y exvicepresidentes de la República.

Durante la sesión surgieron tres posturas. La primera, auspiciada por la exasambleísta Paola Vintimilla, es que todos los exmandatarios dejen de recibir el pago del 75% del salario de una autoridad. Para eso, dijo, es necesario eliminar los artículos 135 y 136 de la Ley de Servicio Público.

También planteó que la Contraloría General del Estado realice exámenes especiales a quienes se entregan los fondos públicos pese a no ser parte del conjunto establecido en la ley.

La segunda corriente, que es la que más voces a favor suma, es que se elimine el beneficio de pago mensual solo a los expresidentes y exvicepresidentes que fueron sentenciados por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencia, testaferrismo; así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción.

Claro que, a menos que se establezca una ley interpretativa, la eliminación del beneficio no sería retroactiva.

La tercera alternativa surge solo de las filas de asambleístas afines al expresidente Rafael Correa. Según un comunicado de la Asamblea Nacional, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret considera que las pensiones a expresidentes deben mantenerse. Sin embargo, coincide en que deben evitarse distorsiones para pagos a “personas que están al margen de la Ley”.

La comisión decidió unificar las propuestas para iniciar el análisis. En la misma sesión se conoció, además, que el Estado desembolsa actualmente más de 93.000 dólares mensuales para los expresidentes y exvicepresidentes.

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