El gasto público se redujo en casi todas las áreas posibles durante la emergencia sanitaria. Hay menos egresos en sueldos, compras corrientes, inversiones y obras públicas. De 12.122 millones de dólares gastados en el primer quimestre de 2019, se pasó a 9.906 millones en este año.

Solo un rubro continúa al alza, pese a las restricciones económicas derivadas por la propagación del coronavirus: el pago a los tenedores de deuda pública. Entre el 1 de enero y el 13 de mayo de este año, en medio de la pandemia, el pago por deuda ascendió a 1.600 millones de dólares.

En el mismo periodo, pero de 2019, lo asignado para la amortización de compromisos no superó los 1.039 millones de dólares. Un incremento de 500 millones de dólares.

Es más, la cifra es la más alta para el primer quimestre de los últimos cuatro años.

El incremento responde, en parte, al pago del remanente de bonos 2020 que hizo el gobierno de Lenín Moreno en marzo de este año. Una movida económica criticada por analistas y políticos que consideran que esa cancelación podía diferirse ante la emergencia y la necesidad de fondos para la atención en Salud.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, explicó que honrar las deudas es importante para la imagen del país, pero que hay momentos adecuados y otras alternativas. Pagar intereses y capital de los bonos 2020 fue un error que puso en riesgo la liquidez inmediata que necesita el país.

La asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Cristina Reyes, fue más dura. Para ella, el pago realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, da cuenta de una actuación ‘criminal’ del funcionario y exdirigente empresarial. Un despropósito para los intereses de la población, acotó la legisladora.

La justificación gubernamental fue que al pagar esos bonos se podrá acceder a nuevas líneas de crédito. Es decir, la promesa es pagar deuda para endeudar otra vez al país.

La estrategia de patear el balón para que sea responsabilidad del próximo mandatario es habitual en el aparato estatal. Como ejemplo está la emisión de los bonos 2020, que ahora generan importantes egresos -cerca de 400 millones de dólares en medio de una crisis sanitaria y económica-. Esos papeles fueron colocados en el mercado internacional entre marzo y mayo de 2015, durante el gobierno de Rafael Correa. Fueron 1.500 millones de dólares con una tasa de interés de hasta el 10,5 % y no tuvieron como destino atender una emergencia catastrófica. El terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas, por ejemplo, llegó un año después.

Entonces, ¿para qué se usaron esos recursos que ahora complican al Ecuador? Para financiar el gasto populista del correísmo. Según sus propios voceros, en 2015, el propósito de los bonos 2020 fue el de alimentar el Plan Anual de Inversiones y el incremento de reservas del Estado. Corto plazo y altas tasas para mantener el elevado gasto de la autodenominada revolución ciudadana.

La experiencia, sin embargo, no parece servir a la actual administración. Parte de la recompra de los bonos 2020, que se negoció en 2019, se tendrá que pagar en 2029. Además, todos los créditos que el Gobierno está obteniendo, aunque cuenten con periodos de gracia y mejores tasas, tendrán que pagarse tarde o temprano. No será el gobierno de Moreno, pero sí será una cuenta por la que deberán responder de una u otra forma todos los ecuatorianos.