Una pugna que no termina. El Estado y las empresas de medicina prepagada no logran conciliar posiciones por la aplicación de la ley, aprobada recientemente, que regula este sector.

Ahora, el turno de intervenir fue para la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. La entidad prohibió a las empresas (al menos 18) que den por terminado, unilateralmente, los contratos corporativos que mantienen.

La medida regirá durante los próximos 180 días. No acatar esta resolución expondría a las compañías a posibles clausuras e incluso al pago de millonarias multas que se calculan con relación a su facturación.

Según la Superintendencia, la decisión de las empresas de finiquitar sus contratos corporativos atenta contra los derechos de los consumidores y usuarios. Y asegura, en una resolución del 27 de octubre, que se tomó con base en un “supuesto de fuerza mayor que no existiría”.

Las empresas aseguran que la disposición que les obliga a reembolsar al IESS y al Ministerio de Salud los gastos de atención de sus afiliados les provocaría millonarias pérdidas. Ayer EXPRESO se comunicó con la Asociación de Empresas de Medicina Integral Prepagada para solicitar una reacción a esta medida. No hubo pronunciamiento hasta el cierre de esta edición. IGF

Resolución

- Pedido

La Superintendencia intervino por pedido del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

- Notificación

La entidad pidió a la Superintendencia de Compañías notificar legalmente y en debida forma a sus compañías controladas pertenecientes a los servicios de atención integral de salud prepagada y al de seguros que ofertan cobertura de seguros de asistencia.