Habiendo consenso sobre la necesidad de suprimir el Consejo de Participación, el dilema es “cómo”. Veamos primero los candados que nos dejaron imponiendo los genios. La enmienda. El art. 441 prohíbe “la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental”. Fíjense bien: la estructura de la Constitución, no la del Estado, como hemos oído casi a diario durante diez años por parte de quienes se refieren a este tema. ¿Y por qué? Simple: el Estado no tiene “estructura”, sino elementos que lo constituyen o lo conforman. Estos son el territorio, el pueblo y el poder de Gobierno, y tampoco se pueden enmendar porque el art. 441 también prohíbe tocarlos por la vía de la enmienda. En todo el planeta el proceso de gobierno se realiza mediante las tres únicas funciones del poder: Ejecutiva, Legislativa y Judicial. En el país de los locos, el desarrollo del proceso gubernamental (Loewenstein, 1975) se lleva a cabo por cinco funciones (tantas, que más parecen funciones de circo). Estaríamos alterando la forma en que se desarrolla el proceso de gobierno si suprimimos o modificamos las funciones de “transparencia” y “electoral” (que -de una vez- debemos aprovechar para suprimir, pues, contar papelitos -así sean votos- no es una función de gobierno, sino un proceso de gestión administrativa). Así las cosas, no se puede suprimir el Cpccs vía enmienda. La reforma. El art. 442 prohíbe las reformas que supongan una “restricción de los derechos”. Sabemos que es mentira, pero el famoso Cpccs según el bodrio de Montecristi existe precisamente para “promover” la participación ciudadana. Si lo suprimimos o modificamos (y -cosa rara- todos estamos de acuerdo en hacerlo), estaríamos restringiendo el trucho derecho de participación que la Constitución asume como verdadero. Tampoco se puede ir por la vía de la reforma. La Constituyente. La política es el arte de lo posible. Correa prostituyó de tal forma el concepto de poder constituyente que su sola mención acarrea pánico. No es posible instalar otra Asamblea. La única salida es la consulta popular.