Para que las fuerzas del orden funcionen correctamente, es necesario que estén equipadas, ya que no suelen estarlo frente a los grupos narcocriminales por la falta de implementos que no tienen por los engorrosos trámites burocráticos, señalan exuniformados. Para ellos es importante la pregunta J de la consulta popular.

(Lea también: Horarios de cortes de luz en Ecuador: martes 16 de abril 2024)

Pero que gane esta pregunta no significa que no deba cumplirse el plan estratégico de equipamiento anual que levantan la Policía y las Fuerzas Armadas, afirma Rodrigo Braganza, excomandante del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). “El armamento que se incaute debe ser utilizado como un adicional; el Gobierno no puede decir que, si íbamos a comprar 100 fusiles, ahora se reemplazan con estos”.

No obstante, el tipo de armas incautadas que podrán usar y que estas no estén involucradas en delitos criminales debe constar en la ley, sostiene Abraham Correa, excomandante de la Policía Nacional. “Las que han sido utilizadas para asesinatos, sicariatos, muertes violentas, deben entrar en una acción legal”.

Por otro lado, Paco Moncayo, exjefe de las Fuerzas Armadas del Ecuador, indica que tanto los policías como militares deben trabajar juntos porque ahora las amenazas son conflictos interdomésticos.  

“Igual, el Gobierno les tiene que proveer”, Abraham Correa

“El año pasado, la Corte Nacional de Justicia autorizó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan utilizar las armas y los explosivos incautados en los operativos delincuenciales y de crimen organizado. Esta disposición ya existe. La mayor parte de las armas incautadas son de paquete, nuevas.

Además, es importante que las municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito sean utilizados por la fuerza pública, porque son armas de mucha potencia y los uniformados no cuentan con estos armamentos sofisticados, debido a las trabas burocráticas que hace que se demore, incluso años, estas adquisiciones. Pero en ningún momento esto debe significar que el Estado deje de tener la obligación de entregar las herramientas para que ellos hagan su trabajo: armamentos, chalecos, municiones, vehículos blindados, porque sin protección los uniformados se mueren.

Esta pregunta es importante, pero se debe establecer que las armas que se pueden utilizar no deben estar relacionadas en actos criminales ni que sean artesanales; no duran mucho”.

​“Con eso no habrá un cambio radical”, Paco Moncayo

“Me parece una buena medida, ya que los criminales tienen armamento muy sofisticado; aunque algo de eso puede servir, no cambia en nada la realidad en cuanto a las capacidades operativas ni de la Policía ni de las Fuerzas Armadas. Cada uno tiene su propio armamento y equipamiento. Por ejemplo: un fusil; toda la logística y toda la munición está alrededor de ese armamento; así con todo.

Las únicas formas en cómo cambian las formas operativas de las fuerzas son con los planes que se hacen en respaldo a los planes de empleo, porque de allí sale qué tipo de armas, de municiones, de vehículos se necesitan. Esto lo tiene el Ministerio de Defensa. Pero si se captura cuatro pistolas o dos fusiles, no cambia nada para 20.000 o 30.000 personas que operan.

Unas Fuerzas Armadas adecuadamente organizadas tienen planes de empleo (operativo) y para estos tienen los planes de fortalecimiento de sus capacidades. Por lo que, si tienen que cubrir toda la frontera terrestre, los militares para cubrir esa misión deben tener los medios adecuados, eso sale en un plan y es igual con la marina y la aérea”.  

“No hay que llenarlos de armamento inútil”, Rodrigo Braganza

“Todos los materiales bélicos, siguiendo los debidos controles, deben pasar a las Fuerzas Armadas y/o a la Policía Nacional, porque tampoco puede ser algo discrecional. Además, las armas deben ser clasificadas de acuerdo con su uso y estado, ya que hay revólveres que están obsoletos; esos no serían dables que pasen a los uniformados.

Por otro lado, no es conveniente que las instituciones se llenen de armamento obsoleto, sino que se debe hacer una segregación para su distribución. Las pistolas, fusiles y subametralladoras que se incautan, por lo general, son de calibre 9 mm y municiones para estas sí se dispone en el mercado, y serían para la Policía. En cambio, los fusiles de alto alcance son para operaciones en zonas rurales y combates bélicos de calibre 556 o 2.23, pero estos grupos los están utilizando en zonas urbanas, serían para los militares que tienen sus municiones.

Pero los armamentos que no tienen munición en el mercado deben separarse, como las pistolas de calibre 6.35. No tendría sentido que estas se las den a los policías o a los militares porque no las van a utilizar”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!