Las organizaciones políticas que apoyan la consulta popular del presidente Lenín Moreno marcharon ayer a la Corte Constitucional para pedir celeridad en la aprobación de las siete preguntas. También se movilizaron militantes de Alianza PAIS que se oponen

La consulta camina al alargue

Actores sociales ven lentitud en la Corte Constitucional. Piden que el proceso no se haga luego de febrero. El organismo convocó a audiencias públicas.

Con los tiempos a punto de desbordar los márgenes. Actores sociales y políticos perciben que en la Corte Constitucional (CC) hay demoras en la aprobación de las preguntas de la consulta popular planteada por el presidente Lenín Moreno, que incidirían en los plazos que se trazó el Gobierno.

En principio, los funcionarios gubernamentales hablaban del 19 de diciembre como fecha tentativa para la consulta. Luego, Moreno amplió la expectativa y ubicó el proceso entre los últimos días de enero y los primeros de febrero.

Pero para el abogado y exasambleísta independiente Ramiro Aguilar, estas fechas remotamente podrán ser cumplidas, por los ritmos con los que ha manejado el proceso la Corte. Él le dijo a EXPRESO que esto podría generar un problema que rebasa el tema político.

“Difícilmente el Gobierno podrá aplazar por más tiempo las verdaderas medidas económicas que tendrá que aplicar máximo hasta febrero. Por eso, para ellos era importante hacer la consulta lo antes posible, para afianzarse políticamente, antes de abordar lo económico”, señaló Aguilar.

Ayer se desarrolló en la Corte Constitucional una audiencia en la que se escuchó a 44 personas interesadas en dar a conocer sus criterios y recomendaciones sobre las cinco preguntas de enmienda constitucional.

Una vez cumplida esta diligencia, la jueza Tatiana Ordeñana tiene 10 días para presentar el proyecto de resolución al Pleno del organismo constitucional. De ahí habrá 10 días término para que la CC emita el dictamen definitivo. Esto sería a mediados de diciembre.

En el caso de las dos preguntas de consulta popular que restan por ser analizadas, la jueza Marcia Segura le confirmó ayer a este Diario que avocó conocimiento del proceso el martes. Ella tiene la potestad de convocar a una audiencia para escuchar a 51 personas que presentaron amicus curiae sobre la eliminación de la Ley de Plusvalía y la reducción del área de explotación petrolera en el Yasuní. Entonces, correrán nuevos plazos.

“Les pedimos celeridad en la aprobación de las preguntas, es el clamor popular”, fue lo que les dijo ayer el director de Unidad Popular (UP), Geovanni Atarihuana, a los jueces constitucionales al finalizar su intervención. “Estamos rozando los márgenes, se debería hacer la consulta máximo en febrero, más que por lo político, pensando en la reinstitucionalización del país”, dijo el dirigente a EXPRESO.

En la audiencia de ayer, los militantes de Alianza PAIS considerados del ala ‘correísta’ unieron fuerzas para rechazar la pregunta que busca eliminar la reelección indefinida. Las asambleístas Verónica Arias, Gabriela Rivadeneira y Marcela Aguiñaga, junto a Ricardo Patiño, coincidieron en que esta es una propuesta regresiva en derechos y que cualquier cambio en este sentido debería ser tratado en una Asamblea Constituyente.

El expresidente de la Asamblea Constituyente y actual superintendente de Ordenamiento Territorial, Fernando Cordero, alertó de los supuestos peligros que habría al nombrar un Consejo de Participación Ciudadana transitorio con atribuciones que solo le competen a la Asamblea Nacional.

Como contraparte, actuó el subsecretario jurídico de la Presidencia, Diego Guarderas Donoso, quien negó que la consulta popular viole derechos y esté pensada para afectar a determinados actores políticos.

El Proceso

Decreto

Si el dictamen de la Corte Constitucional es favorable a las preguntas de la consulta popular, la resolución regresa al Ejecutivo. El presidente Moreno debe emitir un decreto en el que solicita la convocatoria al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Convocatoria

Una vez notificado, el Consejo Nacional Electoral tiene hasta 15 días para hacer la convocatoria a la consulta popular. Si transcurren los plazos establecidos dentro de la Corte Constitucional, este llamado se podría producir a inicios de enero de 2018.

Consulta

Con la convocatoria realizada, el CNE tiene hasta 60 días para llevar a cabo el proceso electoral. Según los directivos del organismo electoral, están listos para llevar adelante el proceso, porque las áreas operativas están activadas tras las elecciones del 2 de abril.