En los tres primeros días de la semana en curso, hubo una explosión o amenaza de bomba en diferentes ciudades de Ecuador, dos de ellas, en Guayaquil. Una realidad que preocupa y atemoriza a los ciudadanos por el recrudecimiento de la violencia, especialmente desde el año anterior; pero ni la Policía Nacional ni los militares aún dan mayores detalles, salvo las escasas declaraciones en el momento que ocurre un hecho.

Esto a pesar de que en Guayas se conformó la Fuerza de Tarea Conjunta con el fin de tener mayor contundencia en la lucha contra la delincuencia. De acuerdo al Ministerio del Interior, desde el 1 de enero hasta el 16 de septiembre se han dado 241 eventos de explosivos en todo el país, de los cuales 53 han sido explosiones reales.

Diario EXPRESO intentó obtener una explicación sobre las detonaciones y si estas tenían alguna relación entre sí; o en su defecto, cuáles son los casos u ocasiones en los que grupos delictivos recurren a la intimidación con detonaciones, pero el Ejército señaló a este periódico que no podía darnos una entrevista por la misma intensidad de operativos que se ejecutan en el territorio.

Algo similar ocurrió con la Policía Nacional, señaló que se estaba buscando un espacio para dar una entrevista porque la intensidad de los controles en las calles los tiene complicados de agendas disponibles.

Sin embargo, este medio de comunicación optó por ir a servidores judiciales encargados en casos relacionados con el tema y se señaló que sí hay una relación entre las detonaciones y que mayoritariamente se debe a dos circunstancias: la primera es advertencia a los jueces que llevan algún caso y la segunda es intimidación por generar la pelea de territorios.

“Primero hay que decir que no es delincuencia común, sino organizada que, además de líderes, tienen personas que cuentan con la capacidad económica para financiarlos y lo peor es que tienen el beneplácito o información de la Policía Nacional, en el aparato de justicia, que hace que los alcances sean muy altos y que cuando se toca algo que los perjudique comienzan a atacar”, expuso un fiscal de la provincia del Guayas que investiga los atentados dados en Guayaquil y prefirió no ser identificado.

El funcionario señala también que según lo conseguido en las investigaciones realizadas, las explosiones son por dos razones; la primera es disputa de territorio por droga, cuando son en barrios o contacto ciudadano, y la otra es para “demostrar poder” ante los servidores judiciales como advertencia en la toma de decisiones.

El exjuez de sala penal de la Corte de Justicia de la Provincia del Guayas, Fernando Grau, coincide con las dos causas identificadas y antes mencionadas, pero agrega que los uniformados no se atreven a ser contundentes por el hecho que no hay garantías de respaldo o seguridad en su trabajo.

“Son cosas que a veces la gente no ve y dice, no, la policía es la que no quiere actuar, pero no lo hace es por la repercusión que puede existir. Primero no tienen ni las herramientas necesarias, segundo no saben si se están metiendo con alguien que es protegido por otros uniformados y tercero, la ley está en su contra. Solo observe cómo se respaldó en la captura de los asesinos del fiscal Édgar Escobar, hubiese sido otro caso no pasaba nada, no iba a ver el despliegue de la misma cantidad de personal”.

Ambos coinciden en que no se trata de delincuencia común y que el acceso a explosivos es un mecanismo de la delincuencia organizada. Una muestra de su dominio es que la problemática se agudiza, pero no se perciben mayores avances en los procesos legales.

El abogado penalista Joan Paúl Egred refiere que los ataques con explosivos los tenemos desde hace un año y poco o nada se ha hecho para evitar más actos de este tipo y reflexiona sobre la disposición y contaminación de los uniformados a favor de las bandas.

“El que policías en servicio activo, tenían en su chaleco más de mil municiones pretendiendo ingresarlas a un centro penitenciario para las bandas criminales, eso a usted le da la medida de qué tan infiltradas están estas bandas en instituciones estatales y de fuerza pública en el país, porque si la propia Policía les da armas y municiones a los presos vinculados con las organizaciones, imagínese la cantidad de ayuda y facilidades que les dan a los que están afuera en las calles”.

Otra de las razones que identificaron los expertos es que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena máxima de 13 años para la delincuencia organizada, sanción que no perjudica a quienes logren ser capturados, pues no en todos los casos se la establece y, además, pueden someterse al proceso abreviado.