Conjueces temporales y de salida indefinida

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Conjueces temporales y de salida indefinida

Exvocales de la Judicatura cuestionan el procedimiento para reemplazar vacantes. Exjueces fundamentan acción ante la CC.

Antecedente. La presidenta de la CNJ, Paulina Aguirre, encabezó en febrero el rechazo al reglamento de evaluación.

El Consejo de la Judicatura (CJ) busca llenar casi dos tercios de vacantes de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) con nombramientos que, más allá de brindar seguridad, crean un ambiente de desconfianza en la justicia. Dos exvocales de la entidad cuestionan el mecanismo o procedimiento que tomará la Judicatura para cubrir esas plazas, con jueces provinciales o de los Tribunales Contencioso Administrativo y Tributario del país. De los 36 magistrados, solo 7 jueces y 6 conjueces superaron las pruebas.

Juan Pablo Albán, exvocal del CJ transitorio, considera que es muy arbitrario y contrario a los estándares internacionales en materia de independencia judicial, la designación de jueces temporales. “Hay por lo menos un par de sentencias de la Corte Interamericana que fijan un estándar importante... En el cual se aborda esta figura de jueces provisionales y temporales; y, en ambos casos, a diferencia de los demás funcionarios públicos, los jueces tienen garantías específicas de independencia que son necesarias en un poder judicial...”.

Albán señala que ese desconocimiento sobre las posibles fechas de salida de la Función Judicial atentan contra las garantías de independencia judicial que “exigen un proceso adecuado en nombramiento, una estabilidad mínima con determinación del periodo de duración de las funciones y una protección frente a la remoción arbitraria...”.

Fernando Yávar Umpiérrez, también exvocal de la Judicatura de transición en el periodo 2011-2013 (18 meses), considera un “error” que se haya procedido a la remoción de los jueces de la CNJ y se los quiera reemplazar con temporales.

“El relator de las Naciones Unidas para la independencia de la justicia y abogados, Diego García-Sayán, estableció con claridad en su informe que no son las evaluaciones una excusa para destituir jueces. Es un mecanismo para potenciar a la administración de justicia, ver qué falencias hay y corregirlas...”, señala Yávar.

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Considera además innecesario llenar esos puestos si se va a convocar a concurso el próximo año. Según recuerda, mientras duró el que convocaron, decidieron no declarar caducados los nombramientos, para “que no se diga que estábamos designando a dedo”. Pero, al terminar el concurso, se encontraron con una gran carga laboral rezagada, por lo que se crearon salas temporales, integradas con los mismos aspirantes.

En febrero de 2019, los jueces de la CNJ mostraron su rechazo al reglamento de evaluación integral que elaboró la Judicatura. Lo que más tarde fue formalizado mediante una acción presentada por la Asociación de Jueces y Magistrados del Ecuador, ante la Corte Constitucional (CC).

El pasado lunes, un grupo de exjueces y exconjueces asistieron a la audiencia de fundamentación como Amicus curiae (amigos del tribunal) para exponer su criterio. Entre ellos estuvo el exjuez de la CNJ, Édgar Flores Mier, quien fue destituido junto con Luis Enríquez Villacrés, por el caso denominado Arroz Verde.

Según Flores, lo que hicieron fue ratificar que el reglamento es inconstitucional porque se violaba el principio de reserva de la ley, “ya que el Consejo de la Judicatura cambiaba procedimientos para la remoción de jueces o cualquier funcionario judicial”.

Lo que piden en la acción es que se actúe en Derecho y que se haga justicia. “No porque defendamos el puesto de trabajo sino porque con esta forma de actuar ¿qué seguridad jurídica tiene el país? Esto no solo afecta a la Corte sino a la imagen del Ecuador”, dijo.

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