La Fiscalía General del Estado tiene que investigar de oficio los hechos que se describen en las acusaciones que hizo el presidente Guillermo Lasso el jueves 24 de marzo pasado sobre el supuesto chantaje del que fue objeto a cambio de votos, en la antesala del segundo debate del proyecto de Ley de Inversiones que fue negado por la Asamblea Nacional.

Así lo manifestó ayer el asambleísta Fernando Villavicencio: “Yo creo que es hora de que el presidente de la República envíe las pruebas a la Fiscalía. Esto no puede quedar en una simple acusación”.

Lasso dijo que “la ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas y ministerios a cambio de su voto. Han venido a pedir dinero en efectivo al Gobierno”.

En otra actividad pública, el mandatario también acusó al partido Izquierda Democrática y al excandidato presidencial Xavier Hervas de condicionar su apoyo al proyecto de ley a cambio de ciertas concesiones: “Que tiene un partido político al servicio de él, para que a él no se le cobre impuestos. Eso se llama corrupción”, dijo.

Pablo Encalada, abogado penalista, explica que la Fiscalía debe abrir una indagación de oficio ante las acusaciones que se hicieron públicas a través de redes sociales y medios de comunicación, ya que a esta institución le corresponde la investigación o los delitos de acción pública, según el artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“Le puede llegar a través de una denuncia, a través de un parte policial, a través de un informe de alguna institución, informe de la Contraloría. También le puede llegar de otras formas: notas de prensa, información de redes sociales. Entonces, en función de la noticia del delito, la Fiscalía tiene la obligación jurídica de iniciar una investigación”, precisa el experto en Derecho.

Con esto, Encalada insiste en que el Ministerio Público no tiene la necesidad de que Lasso presente una denuncia para hacer su trabajo.

Sobre este tema, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República informó que el presidente hará la denuncia en su momento. Mientras que la Fiscalía comunicó que la solicitud de información enviada por este Diario fue remitida a las instancias pertinentes.

Por otro lado, Encalada, el abogado penalista, agrega que la ley también obliga al funcionario público a denunciar cualquier delito que haya conocido, so pena de incurrir en una infracción por omisión.

“Desde lo jurídico, la denuncia es tan grave que ha hecho el presidente, en uno de los casos con nombre y apellido, es que en estricto derecho uno de los dos tiene que terminar en la cárcel: uno por defraudación tributaria o extorsión, y el otro por calumnias”, concluye.

El excandidato presidencial Xavier Hervas contestó las acusaciones y dijo: “Que nunca hemos pedido nada a cambio, desde segunda vuelta, con todos los hechos”.

Según la ley, en este escenario, la denuncia también podría ser presentada por alguna persona de la sociedad civil, a la que atañen esos posibles delitos. Y así lo hizo Francisco Huerta, analista político y subdirector de este Diario, quien acudió ayer a la Fiscalía del Guayas: “No podemos permitir que este tipo de aseveraciones se queden como tantas otras y nadie se hace responsable de ellas, ni se prueba la veracidad de lo dicho. No podemos aceptar ser un país de ladrones o de mentirosos a alto nivel”.