24 horas después de que el escándalo de Olón estallara en las redes sociales, el estruendoso silencio de los involucrados (la esposa del presidente de la República, la ministra de Ambiente, el de Obras Públicas…) hace temer lo peor: como mínimo, conflicto de interés; en el peor escenario, tráfico de influencias con el fin de autorizar lo que no podía ser autorizado: la tala de un bosque protector para la construcción de un proyecto inmobiliario en beneficio de la familia presidencial. Publicada por las fundaciones ambientalistas Oloncito y La Iguana, la denuncia se respalda en documentación copiosa y, al parecer, incontestable.

En el área de “bosque y vegetación protectores” del estero Oloncillo (una angosta franja de terreno alrededor del cuerpo de agua), la compañía Vinazin S.A.S., cuyo principal accionista fue Daniel Noboa y hoy es su esposa, Lavinia Valvonesi, planea desarrollar el proyecto urbanístico Echo: cuatro edificios con distintas plantas y 24 unidades de vivienda, áreas sociales, áreas verdes, parqueos de visita, vías de acceso y malecón hacia el estero. Los estudios para la construcción estuvieron a cargo de la compañía Geosísmica, del ministro de Obras Públicas, Roberto Luque. El Ministerio de Ambiente de Sade Fritschi concedió, en tiempo récord (había transcurrido apenas una semana desde la investidura del nuevo gobierno), autorización para rellenar el estero y, según aducen los responsables de la obra, que ya empezó con la tala de mangles y algarrobos, para deforestar.

Transcurren las horas, guarda silencio el gobierno y más personas cercanas al presidente van siendo relacionadas con el caso: ahora resulta que María Beatriz Moreno, representante legal de ADN, el movimiento político de Noboa, lo es también de Vinazin S.A.S. Y que hasta la ministra del Interior, Mónica Palencia, trabajó años atrás para la compañía. “No voy a permitir que persona alguna ponga en tela de duda mi nombre”, salió al paso la ministra, como si todo se explicara con palabras terminantes. Aduce que ella nomás realizó “actos societarios concretos a favor de una empresa de actividad lícita”. Lo cierto es que, en enero pasado, en las últimas elecciones de autoridades de la comuna de Olón, hubo una presencia policial (y hasta militar) nunca vista en esos casos. Y que las protestas de los comuneros contra la tala del manglar, producidas esta semana, también están siendo controladas por la fuerza pública. La ministra Palencia no alcanza a ver el conflicto de intereses que le supone ordenar la movilización policial para proteger los intereses de una compañía de la cual cobró honorarios.

El conflicto de intereses es la marca de este gobierno y el sello personal del presidente. Desde el episodio aquel que protagonizó en la Asamblea, cuando organizó un viaje oficial a Rusia, pagado por su empresa bananera, para abrir mercados para el banano ecuatoriano, hasta la ley económica urgente que concedió a sus propias empresas una amnistía tributaria por 59 millones de dólares (el total de intereses y multas correspondientes a su deuda al SRI), Daniel Noboa se ha caracterizado por su incapacidad para separar sus intereses privados de los públicos y su inclinación a sacar provecho particular de los cargos que ocupa. Incluso ciertos nombramientos claves parecen estar sometidos a esta lógica. El de Sade Fritschi en la cartera de Ambiente, por ejemplo. ¿Sabe la ministra de esa autorización para desarrollar un proyecto urbanístico en un bosque protector? ¿O no lo sabe y precisamente para que no lo sepa fue nombrada?

Alianzas empresariales operando desde el gabinete; licencias ambientales para deforestar y rellenar un estero; utilización de la fuerza pública para garantizar que el proyecto se ejecute… Lo que ocurre en Olón es un indicio claro de la presencia de un grupo de interés instalado en el gobierno central, haciendo lucrativos negocios con las ventajas que supone la posibilidad de manejar las políticas públicas en beneficio propio, lo que supondría una estructura de corrupción organizada no muy diferente a la que descubrió la Fiscalía en sus investigaciones del caso Sobornos. Ninguna buena conclusión se desprende del silencio del gobierno.