La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, vía virtual, inició una nueva jornada en el marco de la sustentación del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Lo hizo hoy 5 de noviembre.

En este encuentro se analizó el borrador de informe donde se detallan las pruebas de cargo, de descargo y de oficio que se receptaron durante la sustanciación del juicio político a Romo, propuesto por los asambleístas Roberto Gómez, Amapola Naranjo y Lourdes Cuestas.

Con nueve votos afirmativos la Comisión aprobó el informe que recomienda el juicio político a Romo en el Pleno de la Asamblea.

Estas pruebas recogen testimonios y documentos sobre el uso de bombas lacrimógenas, caducadas; el lanzamiento de gases lacrimógenos a centros de acogida y de paz; y la convocatoria tardía al comité de protección de periodistas, entre otros aspectos.

El legislador Bairon Valle en su intervención señaló que, incluso, la misma ministra reconoció que pidió disculpas por el uso de bombas lacrimógenas en sitios de acogida y de paz. Detalló además que se ha evidenciado que 20 ciudadanos perdieron un ojo durante el paro de octubre de 2019. Hechos por los que Romo, dice el asambleísta, no presentó ninguna prueba de descargo.

“La sustanciación del juicio político evidencia que se cumplió estrictamente la ley, se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa de la titular del Ministerio de Gobierno”, mencionó en su intervención Valle.

El asambleísta Dennis Marín afirmó que se ha verificado el incumplimiento de funciones de Romo y mociona la aprobación del informe. También recomiende continuar el juicio político en el Pleno Legislativo. Propuesta que apoyó el asambleísta Esteban Melo.

“La ministra falló en la gobenabilidad por la falta de diálogo para evitar el estallido social que se había alertado”, dice Melo.

No obstante, el legislador Franco Romero enfatizó que Romo no violó, durante las manifestaciones de octubre de 2019, norma constitucional ni legal que amerite el enjuiciamiento político y que la autoridad competente para conocer y resolver este juicio es el Pleno. Noralma Zambrano, también indica que la ministra no tiene competencias de orden táctico y que por lo tanto no dio la orden del uso de bombas lacrimógenas.

Aún así, con el apoyo de algunos asambleístas, la Comisión, por mayoría de votos y una vez que fueron evacuadas las pruebas de cargo y descargo, aprobó el informe.